El ERE de UGT-A queda visto para sentencia al no haber acuerdo

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) será el órgano que dirima, en primera instancia, en el conflicto colectivo suscitado en el seno de UGT-A donde se presentó el pasado 30 de noviembre un expediente de regulación de empleo que dejaba en la calle a 159 trabajadores del sindicato, 26 de ellos destinados en la provincia de Cádiz. El juicio que estaba señalado para el día de ayer en Málaga pudo no haberse celebrado de haber mediado acuerdo entre las partes, lo cual no se produjo. La demanda planteada por la sección sindical de trabajadores de la organización quedó vista para sentencia.

El sindicato trató en el último momento de detener el procedimiento. Hace escasos días, los representantes sindicales de los afectados por el ERE recibieron una propuesta, vía telefónica, que consistía, en esencia, elevar la cuantía de las indemnizaciones de parte de los empleados despedidos. La propuesta efectuada casi 'in extremis' fue rechazada por los trabajadores que ayer, a través de su letrado, testigos y peritos, ofrecieron a la Justicia sus argumentos de por qué la medida drástica de recorte de personal aplicada por UGT debería declararse nula. De producirse ese pronunciamiento judicial, el sindicato sería condenado a readmitir a los 159 trabajadores.

Cabe otra respuesta judicial, como recientemente ha sentenciado el mismo TSJA con respecto al ERE que se ejecutó en el Ayuntamiento de Jerez: la improcedencia de la medida, que supondría que la parte demandada tendría la potestad de reincorporar o de aumentar las indemnizaciones. La tercera posibilidad es que la Justicia le dé la razón a la organización.

Los argumentos expuestos por los trabajadores en la vista oral de ayer ya fueron desgranados por LA VOZ en las últimas semanas, cuando difundió el contenido del informe pericial que elaboró una economista que testificó ayer. Dicho estudio arroja conclusiones demoledoras, no sólo acerca de una política de gastos injustificada y descontrolada que imputa a la dirección del sindicato, sino también la inexistencia de razones económicas para aplicar despidos, en virtud de las propias cifras que maneja la central. Hay que recordar que entre la documentación aportada por los trabajadores al tribunal se encuentra una auditoría encargada por la anterior ejecutiva regional. Este estudio de las cuentas del sindicato asevera que meses antes de declararse el ERE, la organización disponía de un superávit de casi un millón de euros.

La representación letrada de UGT-A aportó una previsión de gastos para el presente ejercicio, según la cual se agravaba la crisis económica que alega la organización. Sin embargo, no pudieron contradecir el contenido del informe pericial entregado por los trabajadores, que supondría presentar nuevos datos que invalidarían los que habían esgrimido hasta ayer. Manuel Pastrana llegó a descalificar a la perito responsable de ese estudio, afirmando que no tenía «ni puñetera idea».