Anticorrupción pide 1.540 millones de fianza para los directivos de Vitalia

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado fianzas de responsabilidad civil por un total de 1.548 millones de euros para seis imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, tres de los cuales permanecen actualmente en prisión desde el pasado mes de marzo, por orden de la juez Mercedes Alaya. La elevada cifra resulta de sumar en cada caso 258 millones de euros, el importe de las primas «ilícitas» abonadas, según indica la agencia Europa Press.

Los afectados son los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual, María Vaqué y Antonio Albarracín, así como a la esposa de éste último, el también extrabajador de Vitalia Jesús Bordallo ya Rosser Masa, administradora de Fortia Vida. La comparecencia para decidir sobre las medidas cautelares a imponer se celebró en la mañana de ayer en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

María Vaqué, Eduardo Pascual y Antonio Albarracín se encuentran en prisión por orden de la jueza Alaya a raíz de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil por el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE. La esposa de Albarracín, Jesús Bordallo, representante de Vitalia en Andalucía, y Rosser Masa quedaron en libertad con cargos tras comparecer ante la magistrada.

La petición de fianza de responsabilidad civil impuesta, que no sirve para eludir la prisión, por parte de la Fiscalía Anticorrupción se ha fijado en 258 millones de euros a cada uno de ellos, indica Europa Press, por ser este el importe de las primas pagadas a Generali y a Fortia Vida y que el Ministerio Público considera «ilícitas» en su totalidad. Los letrados de los imputados asistentes se opusieron a la medida por considerar que «no corresponde!.

La jueza Alaya decidirá en los próximos días, cuando está previsto que continúen más comparecencias para abordar la responsabilidad civil de otros implicados.

Por otra parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, se entrevistará el próximo día 14 con la jueza Mercedes Alaya, al cumplirse los dos meses que le dió para que informe sobre las medidas de apoyo a su juzgado.

Fuentes judiciales que cita la agencia Efe indican que Del Río tiene previsto hacer el próximo día 14 un viaje a Sevilla para una inspección de rutina al juzgado de instrucción 8, ocasión que aprovechará para entrevistarse con la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya. La magistrada no ha presentado aún el informe que le pidió el TSJA el pasado 12 de marzo, cuando accedió a su solicitud de seguir instruyendo ella misma las cuatro macrocausas de su juzgado pero le requirió que informase periódicamente, y en un plazo no superior a dos meses, de la efectividad de las medidas.

Cuando accedió a retirar el refuerzo de la jueza Ana Rosa Curra y dejar al magistrado Rogelio Reyes para los asuntos de trámite, el TSJA trasladó a Alaya «la importancia de que no se dilate la instrucción de las causas que tiene asignadas, aún conscientes de su complejidad y extraordinaria dedicación».