Varios colectivos denuncian a Román, Cabaña y Loaiza por el estado de Valcárcel

Más de una veintena de colectivos sociales, ambientales y sindicales de la ciudad se personaron ayer en la Audiencia Provincial de Cádiz para presentar una denuncia en la que solicitan a la Fiscalía la investigación de un posible delito contra el patrimonio histórico, en referencia al estado de «abandono» en el que se encuentra el edificio del antiguo colegio Valcárcel, catalogado como Bien de Interés Cultural.

Los denunciantes responsabilizan de los daños en el inmueble a los máximos responsables de la Diputación Provincial, de las anteriores etapas y de la actual, así como a la empresa que aún se declara propietaria del edificio, Zaragoza Urbana. Así, se pide la imputación de Rafael Román, Francisco González Cabaña y José Loaiza, que en caso de que la denuncia tenga recorrido se podrían enfrentar a una pena de entre uno y tres años de cárcel y multa de doce a veinticuatro meses. Los motivos que llevan a los colectivos a culpar a estos representantes políticos son tanto «los daños por acción», como la «omisión del deber de conservación».

El portavoz de Ecologistas en Acción, uno de los colectivos que forman parte de esta plataforma, Jorge Sáez, se remonta al año 2002 para explicar que entonces «la Diputación Provincial hizo una obra en la cubierta que quedó inacabada y provocó filtraciones en la estructura. Sus responsables, aun siendo conscientes de ello, procedieron a la venta de Valcárcel». Comentaba ayer Sáez que una vez ocupado el edificio por el movimiento Valcárcel Recuperado, «un arquitecto pericial verificó los daños en el inmueble y elaboró un informe que fue remitido a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que emitió un escrito en el que responsabiliza de los graves daños que sufre el edificio a la Diputación Provincial, añadiendo que necesita una actuación urgente». Es justo este informe de la Junta el que lleva a los denunciantes al convencimiento de que «la fiscal tendrá que abrir instrucción a raíz de nuestra denuncia porque el abandono consciente y reiterado del inmueble por parte de los dos entes responsables del mismo y la negligencia que ello supone es reconocida incluso por la Consejería. Es un delito sobre el Patrimonio Histórico tan claro y evidente que le va a costar echarlo atrás».

La abogada del movimiento Valcárcel Recuperado, María Luz Moreno, asegura que probablemente habrá más denuncias «porque hay muchas irregularidades en todo este proceso». La letrada recordó que 4 miembros del colectivo ciudadano que ocupó Valcárcel están imputados por tal acción, considerando «vergonzoso que la iniciativa popular se criminalice y la dejadez política quede impune».

Los más de veinte colectivos denunciantes han solicitado una reunión con la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, y con los responsables de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta.