Cameron carga contra los inmigrantes

La cultura del «todo por el nada» se acabó. Los inmigrantes que sueñen con instalarse en Reino Unido deberán demostrar con hechos que quieren impulsar el desarrollo del país o de lo contrario las puertas de las prestaciones públicas se cerrarán. El primer ministro británico, David Cameron, confirmó ayer el nuevo giro del Ejecutivo, que endurecerá el acceso de los inmigrantes a la salud, la vivienda y el desempleo a partir de 2014, justo antes de que se levanten las restricciones europeas sobre el mercado laboral a rumanos y búlgaros. Downing Street teme una avalancha de extranjeros que adelgace sus coberturas sociales y alimente aún más al ultraderechista y euroescéptico Partido de la Independencia.

«No podemos detener estos controles transitorios a Rumanía y Bulgaria, pero lo que sí está en nuestras manos es asegurarnos de que los que vienen aquí de la UE -o más lejos- lo hagan por las razones correctas. Porque desean contribuir en nuestro país y no debido a que se sientan atraídos por nuestro sistema de beneficios o por la oportunidad de utilizar nuestros servicios públicos», dijo con contundencia en un discurso pronunciado en la Universidad de Suffolk, al sureste de Inglaterra. Las líneas de su mensaje ya se dejaron entrever el viernes, cuando el líder liberal y número dos de la coalición gubernamental, Nick Clegg, dio un vuelco a su política proinmigración al exigir el pago de un depósito de unos 1.120 euros a determinadas personas procedentes de «países de alto riesgo» a cambio de obtener el permiso de entrada.

La nueva normativa del Ejecutivo -no exenta de críticas por la 'mano suave' de los laboristas en el anterior Ejecutivo- presenta como una de sus principales bazas que los desempleados originarios de países de la UE dejen de percibir las prestaciones por paro a los seis meses. «A menos que el demandante pueda demostrar que no solo busca trabajo, sino que tiene una oportunidad real de conseguirlo», afirmó Cameron al tiempo que detalló que se realizará una evaluación sólida de su currículo y se medirá de forma determinante el conocimiento del inglés. Más complicado lo tendrían los indocumentados para hacerse un hueco en el mercado laboral ya que Londres amenaza con multas de hasta 20.000 libras (unos 23.000 euros) a posibles empleadores. Igual cantidad deberán desembolsar los caseros que alquilen sus casas a ilegales.

La atención sanitaria ocupa otro de los capítulos sensibles entre las medidas que pondrá en vigor Downing Street a inicios del próximo año. Los ciudadanos extracomunitarios deberán demostrar que cuentan con un seguro privado para poder recibir cuidados médicos. Por otro lado, las personas pertenecientes a la UE serán atendidas a través del Servicio Nacional de Salud (NHS). Salvo un matiz. En los cambios introducidos para obtener un servicio «mejor» y más «recíproco», Cameron estudia aplicar cargas a los gobiernos del país de origen por los tratamientos que reciban los ciudadanos que en ese momento carezcan de trabajo. «Tenemos un servicio de salud nacional gratuito, no un servicio internacional gratuito», sentenció.

Gasto cuestionable

El objetivo parece claro: «Reducir la inmigración de cientos de miles de personas a solo decenas de miles». El primer ministro, sin embargo, fue incapaz de aportar datos sobre la magnitud, el coste y el número de extranjeros que se benefician de los servicios públicos británicos. Sí da a conocer el Departamento de Trabajo y Pensiones que el 17% de los británicos en edad laboral piden ayudas, frente al 7% de los no nacionales. En ese sentido, el director del Instituto Nacional de Investigación Económica y Social, Jonathan Portes, explicó ayer a la BBC que además de ser reducido el gasto que suponen los inmigrantes en el servicio de salud, «las personas de otros países de la UE y en especial los que vienen de fuera son significativamente menos propensos a reclamar beneficios en comparación con la población autóctona».

Sea o no un gasto insostenible para Downing Street, lo que se esconde es el deseo de Cameron de evitar a toda costa la entrada al país de hasta 13.000 rumanos y búlgaros en 2014 por el levantamiento de las restricciones impuestas por la UE cuando hace seis años ambos Estados ingresaron en el club de los Veintisiete. Por ese motivo, también ha previsto eliminar el acceso inmediato de inmigrantes con escasos recursos a pisos subvencionados.