España, en su laberinto energético

El sector energético español puede presumir de unos «excelentes niveles de seguridad en el suministro», y de encontrarse a la cabeza mundial en cuanto al desarrollo de energías renovables y sostenibilidad medioambiental. Es una de las conclusiones del último número de Papeles de Economía Española, publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) y que realiza una completa radiografía del sistema energético. La excelencia se ha alcanzado, eso sí, a costa de poner en peligro la sostenibilidad económica del sector, fundamentalmente por el desbocado déficit de tarifa (la diferencia entre los derechos de cobro reconocidos a las compañías eléctricas y lo ingresado a través de tarifas).

Una herida que comenzó a sangrar en el año 2000. Desde entonces, se ha ido acumulando un 'cañón' de más de 34.000 millones, si bien una parte ha sido recuperada a través de anualidades incorporadas a las facturas en los últimos años. Y ello pese a que desde 2006 «el precio de la electricidad para los consumidores ha crecido más del 70%», según exponen Natalia Fabra Portela y Jorge Fabra Utray, autores de uno de los capítulos del informe de Funcas. El Gobierno (éste y los anteriores), busca la manera de salir del laberinto energético. La última reforma llevada a cabo por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo establece un impuesto general del 7% sobre la facturación de la energía eléctrica, y otros gravámenes que afectan al consumo de combustibles fósiles para la generación de electricidad, al almacenamiento de los residuos nucleares y a la producción hidráulica.

Además, el Gobierno aprobó un crédito especial del Estado de 2.200 millones para enjuagar el déficit tarifario. También se ha establecido una moratoria sobre las renovables (eólica, fotovoltaica y termosolar), a las que además se les retribuirá menos por su producción.

Fabra Portela y Fabra Utray creen que los nueva fiscalidad energética acabará siendo asumida en gran parte por el consumidor final. «De los 3.050 millones que espera recaudar el Gobierno, 2.200 los pagarán los consumidores, 750 las renovables y la cogeneración, y 200 las hidroeléctricas», sostienen. A su juicio, la reforma regulatoria «debería garantizar la convergencia de precios, costes y tarifas. Las soluciones tienen que ser distintas según se trate de la retribución a las centrales ya existentes o para las nuevas incorporaciones de potencia».

Ayudas a las renovables

María Paz Espinosa y Cristina Pizarro-Irizar, investigadoras de la Universidad del País Vasco (UPV), son autoras de otro de los capítulos del informe. En su análisis concluyen que el impacto en el déficit de tarifa de los nuevos impuestos se verá «mitigado» por el alza que, presumiblemente, se producirá en el coste de la energía en las subastas mayoristas. También creen contraproducente rebajar las primas a las renovables, que aún tienen unos altos costes de generación y son parte importante del problema del déficit tarifario. Sin embargo, «no están suficientemente maduras como para participar en el mercado sin incentivos económicos adicionales». «Una medida para su reducción -explican- podría ser la incorporación de un mercado de certificados verdes, completado con una prima que permita el desarrollo de las tecnologías verdes menos competitivas».

En opinión de Carlos Sallé Alonso -director de Regulación de Iberdrola y otro de los participantes en el informe-, el problema no está en los costes de producción y distribución, sino en otros «ajenos al sistema»: las primas a las renovables, los sobrecostes extrapeninsulares, o las anualidades del déficit de años anteriores. «Tampoco tiene sentido aplicar un 21% de IVA a un producto cuyo precio se tiene tan tutelado», añade.