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La Justicia debe ser diligente y no dejar que los plazos le ganen la partida cuando le toca depurar responsabilidades por asuntos graves como el Plan Bahía Competitiva

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El peor enemigo de la Justicia es el tiempo. Cuando éste le gana la partida, la diosa ciega de la balanza pierde su poder disuasorio, su potencialidad para que la sociedad recupere la credibilidad en las instituciones públicas, su influencia definitiva para que el corrupto, el negligente, el ladrón, el criminal pague por sus fechorías. Cuando los plazos procesales se eternizan y un asunto judicial es capaz de llegar a la pubertad imaginaria por el tiempo que pasa en los despachos de los juzgados, no se resiente sólo ese asunto sino el sentimiento de desconfianza generalizada de la sociedad hacia uno de sus pilares básicos.

Con la investigación del caso Bahía Competitiva no puede ocurrir lo mismo que con otros asuntos judiciales, que cuestionan la gestión de lo público que hacen aquellos que elegimos cada cuatro años. Los precedentes de los casos Quality Food y sus distintas ramificaciones que van a llevar ante el juez a dos exdelegados de la Zona Franca; o la 'operación Halcón' que sacó a la luz una trama para defraudar Hacienda a través de facturas falsas no se pueden repetir. Son procedimientos que acumulan demasiados años de instrucción y ese detalle al final siempre juega a favor de los acusados, que terminan viendo cómo sus sentencias son menos graves al aplicarles circunstancias atenuantes como las dilaciones indebidas.

Pero no sólo por ello. La Justicia que no es rápida en sus pronunciamientos deja de ser efectiva. Aquellos que alguna vez decidieron aprovecharse de su cargo en beneficio propio sabe que de ser cazado, pasarán años hasta que rindan cuentas ante la señora ciega. Y cuando le llegue la hora, esa sociedad a la que debe rendirle algo más que explicaciones, ya ni se acordará de por qué ese individuo acude a los juzgados.

Por eso es fundamental que los jueces dispongan de los medios necesarios para cerrar a tiempo causas judiciales como ésta, que trata de depurar la responsabilidad sobre un escándalo mayúsculo como es la desaparición de millonarias subvenciones que debieron invertirse en reindustrializar una provincia hambrienta de trabajo.