Se busca un millón de parados

Los cálculos de la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre el desempleo y el registro de los servicios públicos de empleo difieren en un millón de parados. Una diferencia tan abultada pone sobre el tapete lo difícil que es contar un colectivo como el de los parados, en especial cuando es tan abultado como en el caso de España y ha sido una vez más objeto de polémica en los últimos días.

Los datos del cuarto trimestre del año pasado del INE estiman la existencia de 5,96 millones de desocupados, mientras que en las oficinas de empleo estaban inscritos 4,98 millones. Unas cifras que han sido cuestionadas por el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, quien ha producido una fuerte controversia que amenaza con parecerse a la fábula de los galgos y podencos de Iriarte. En opinión del dirigente empresarial, muchos parados no son tales porque están en la economía sumergida y la cifra real de desocupados estaría más cerca de los cinco que de los seis millones.

Ni calcular ni contar la cifra de parados de una país es tarea fácil ni exenta de interpretaciones, pero en los últimos años se han venido aceptando sin mayor problema la existencia de los dos métodos citados, de los que solo la EPA -estimación por medio de una macroencuesta- es utilizada para comparar la situación de España con otros países. Es, además un método más fiable y menos sujeto a manipulación según diversas fuentes.

¿Por qué? Pues porque los criterios para ser considerado parado por los servicios públicos de empleo pueden ser modificados, como ha intentado el Gobierno hace poco, mientras que la EPA resulta un mecanismo sujeto a contraste científico e internacional.

Récords absolutos

Tanto en los registros de los servicios públicos de empleo como en la encuesta del INE las cifras de paro son récords absolutos y la diferencia de un millón entre ambos métodos de medición puede tener numerosas explicaciones. La primera de todas es que se refieren a cosas diferentes. Mientras que el registro público mide el número de personas que decide inscribirse en sus listas en busca de alguna ventaja (prestaciones, subsidios, encontrar un empleo, realizar un curso...), y para ello deben estar en paro y en disposición de trabajar, la EPA pregunta en unos 200.000 hogares de toda España por la situación de uno de sus miembros que aparezca en el censo.

En concreto, la pregunta se refiere a si ha trabajado o tenido un empleo en la semana en que es consultado, y si busca activamente empleo y está disponible para incorporarse a trabajar en las 14 días siguientes a la entrevista.

Pero eso no es todo, ya que la encuesta del INE no considera parada a una persona que haya trabajado 1 hora diaria la semana de la entrevista. En cambio, para inscribirse en los registros de empleo hay que buscar trabajo para más de tres meses y para más de 20 horas a la semana, entre otros requisitos como el estar disponible. Estos métodos permiten hacer una fotografía aproximada del mercado laboral. Pero si se quiere conocer el escenario en alta definición, hay que ir más allá y tener en cuenta numerosos factores. Por ejemplo, los servicios públicos de empleo no contemplan como parados a los inscritos en sus listas que están estudiando o haciendo cursos de formación públicos, ni a los perceptores del subsidio agrario. Por otro lado, incluyen a decenas de miles de personas que han sido prejubiladas por sus empresas, o despedidas, y que por tener una edad avanzada su único objetivo es enlazar su prestación económica con la pensión de jubilación.

Trabajo irregular

Por otro lado, las listas que se conocen de los registros de parados recogen dos colectivos, los demandantes de empleo parados, que sumaban en el trimestre de referencia la citada media de 4,863 millones, y los demandantes de empleo no ocupados, que añaden cerca de 400.000 personas más a los listados. E incluso existe otro registro más nutrido, que incluye, además de los grupos citados, a los demandantes de empleo ocupados, porque quieren cambiar de trabajo, pero sobre los que no se suele informar.

Por su parte, la encuesta del INE debería reflejar a las personas que trabajan en la economía sumergida, es decir, que no cotizan a la Seguridad Social, y que por lo tanto no están paradas. Pero no está claro que lo haga.

Y el gran problema que tiene es que depende de la sinceridad y de la apreciación subjetiva del entrevistado sobre su situación, cosa que se complica cuando quien responde a las preguntas es un familiar, al no encontrarse en ese momento en el domicilio la persona seleccionada para la encuesta.

Consciente de los errores de estimación que esta situación puede acarrear, desde 2005 el INE realiza cada dos años estudios de contraste para conocer hasta dónde llega la exactitud de sus predicciones, y los resultados no pueden resultar más desalentadores.

Así, en el último que ha realizado, con datos de 2009 y publicado hace tres meses, puede verse que una parte muy importante (el 24% de la muestra tomada) de los trabajadores que dijeron en la encuesta estar inscritos en una oficina de empleo, no lo estaban en realidad, lo cual no puede generar otra cosa que estupor en los autores del trabajo.

Pero hace unos pocos años la situación era exactamente la contraria. Los parados registrados eran más que los que calculaba la encuesta del INE, lo cual podía tener una explicación; la existencia de algún tipo de ventajas económicas y sociales para las personas en desempleo. Por ejemplo, eso sucedió entre 2005 y 2007, cuando la cifra de desempleados registrados era superior hasta en 200.000 personas a las que estimaba por entonces la Encuesta de Población Activa.

Preparar el terreno

Conocido todo esto, la pregunta que expertos, políticos, sindicalistas y hasta empresarios se han hecho la última semana es: ¿qué perseguía el presidente de CEOE al lanzar la polémica sobre la cifra de parados en un momento tan delicado? Y no cabe hablar de un 'calentón', porque fue la principal idea expuesta en una rueda de prensa restringida a la que solo habían sido invitados algunos medios de comunicación.

Dado que la intervención pública se produjo días antes de que surgiera el escándalo de los trabajadores de las empresas del vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, tampoco puede deberse a un intento de tapar un escándalo con una polémica. En cambio, según algunas fuentes consultadas, sí podía estar relacionada con el aniversario de la drástica reforma laboral de Mariano Rajoy, que cumplió esta semana un año de vigencia, con una balance, hasta el momento, desolador (despidos más fáciles, más flexibilidad, cambios profundos en los convenios... y todo ello para que el paro registrado haya crecido en 381.000 personas (692.000 según el INE) y se hayan destruido 779.000 puestos de trabajo, según los registros de la Seguridad Social.

Para Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT, detrás de la polémica lanzada por Rosell se encuentra la intención de aportar argumentos para «dar una nueva vuelta de tuerca al mercado laboral», con otra reforma, con «despidos más baratos, nuevas fórmulas de 'mini-jobs'», etcétera. La idea oculta, apuntan otras fuentes, sería la siguiente: dado que os trabajadores están en la economía sumergida, lo que hay que hacer es descargar a las empresas de los impedimentos que les llevan a emplearlos sin darlos de alta en la Seguridad Social.

También, añade Ferrer, otro objetivo podría ser cuestionar implícitamente la protección del desempleo, que alcanza a casi tres millones de parados, precisamente con el argumento implícito de que hay muchos que no están realmente desocupados. Y lo mismo cabe hablar de los fondos que se destinan a determinadas políticas de empleo, añade, que buscaría que fueran a potenciar las ayudas a las empresas. En otras palabras, un argumento «recurrente del ultraliberalismo que encarna», precisa.

La intervención de Rosell fue, además de poco afortunada, critica, puesto que la EPA ha sido puesta como ejemplo de encuesta por Eurostat recientemente. Incluso rayó el presidente de la CEOE la temeridad al hablar justo cuando se estaba debatiendo en Europa el presupuesto de la UE, del que debían salir fondos para España relacionados con su elevado nivel de paro (Fondo Social Europeo, Fondos de Cohesión, ayudas para el paro juvenil...).