Valderas pide a Crespo una reunión para hablar de la 'lista negra' en la que aparecen cargos de IU

La supuesta existencia de una 'lista negra' con los datos personales de cargos públicos de IU continúa levantando polémica y ayer fue el vicepresidente del Gobierno y coordinador general de la formación, Diego Valderas, quien exigió a la delegada del Gobierno, Carmen Crespo, una «respuesta inmediata». Incluso pedirá la comparecencia en el Parlamento del ministro del Interior, Jorge Fernández.

El pasado 21 de febrero, con motivo de una manifestación no autorizada celebrada en Córdoba en apoyo de los estudiantes valenciano, se realizó un atestado policial donde aparecen los datos personales, nombres, apellidos, DNI y domicilios, de diversos miembros de IU.

Valderas quiere saber si este tipo de atestados es una «práctica generalizada por parte del Gobierno del PP» y dijo que le preocupa el hecho de «poder ser controlados y vigilados», no sólo los cargos de la coalición, sino cualquier ciudadano.

Sin embargo, la delegada del Gobierno dijo que no existe ninguna 'lista negra', que se trata de un procedimiento conforme a la legalidad vigente y que «no existe ninguna cuestión contra nadie». Según su versión, al tratarse de una manifestación de estudiantes «no comunicada», «lo que hace la Policía normalmente es levantar un expediente e identificar a las personas, como tiene que hacerse según la legalidad, en este caso personas sancionadas que estaban en la cabeza de la manifestación».

El expediente, agregó, se entrega a una persona si lo reclama, de ahí que se haya conocido. «Quien ha revelado los datos de las personas que estaban allí, que se han identificado, que estaban en una manifestación no autorizada, son los propios que están denunciando el caso». Por lo tanto, continuó, «nosotros no hemos dicho absolutamente nada, han sido ellos, que han hecho una rueda de Prensa».

La delegada confirmó la próxima reunión con Diego Valderas y aseguró que el tema «quedará perfectamente aclarado».

Sin embargo, Valderas se mostró muy enojado por el asunto: «Si estas prácticas se están produciendo alguien debería dimitir», dijo en Huelva, según la agencia Efe. «Me pueden poner diez vigilantes, que no cejaré en esa doble condición que tiene mi formación de lucha y de Gobierno», dijo.