Eufemismos ante un proyecto imposible

En política, a las cosas se les pueden llamar de mil maneras. Hasta que la realidad de los hechos impone la verdad. Desde la Junta de Andalucía llevan años 'mareando' a los gaditanos con el proyecto de la Ciudad de Justicia, que en el gobierno andaluz saben que no están en condiciones de llevar a cabo. Sin embargo, no son capaces de reconocerlo abiertamente. Algo que sí hizo el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ante los representantes de los abogados en Cádiz el pasado miércoles.

Sin embargo, ahora vuelve a matizar sus palabras, y afirma que la administración autonómica desea poder iniciar este proyecto «inmediatamente» condicionado solo a que las empresas del sector puedan afrontar la financiación del proyecto tal y como está definido. Una condición que sabe que, hoy en día, no se puede cumplir.

En declaraciones a Europa Press, López Gil incidió en que la Junta «no ha renunciado a la Ciudad de la Justicia, tal y como ya se ha venido diciendo en reiteradas ocasiones» y recordó que para el proyecto, la Junta de Andalucía, «como se ha hecho en otras ciudades andaluzas», apostó por el modelo de financiación público-privada, «pero por desgracia, actualmente las empresas tienen problemas para acometer un proyecto como éste por la dificultad de financiación».

Al hilo, recuerdó lo que ya había dicho anteriormente sobre la Junta no empezaría a pagar «hasta que no estuviese construida y entregada la obra» y que, además, se haría «en pagos mensuales durante un tiempo determinado»; mientras la empresa adjudicataria, a cambio, además de recibir el pago mensual por la obra realizada, «también adquiría el derecho de explotación de los servicios propios necesarios y derivados de su actividad de la Ciudad de la Justicia».

Reacciones adversas

Por su parte, la alcaldesa Teófila Martínez afirmaba ayer que la postura de la Junta es «un insulto a la inteligencia de los gaditanos», añadiendo que el hecho de saber además que la Administración autonómica se ha gastado ya más de cinco millones en proyectos y pagó 6 millones de euros a la Diputación por las parcelas donde se debía construir el equipamiento «causa escalofríos».

También hizo referencia al asunto el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, quien afirmó que «se trata de una nueva muestra de los incumplimientos de la Junta de Andalucía con la provincia de Cádiz. Exactamente igual que ocurrió con el hospital».