Un proyecto tan esperado como inconsistente

Hace tiempo que se venían poniendo paños calientes para ocultar una realidad que ha terminado por imponerse. La Ciudad de la Justicia de Cádiz no está y, de momento, no se le espera. La retórica política de los consejeros de Justicia que han ido pasando por la ciudad en los últimos años siempre dejó una puerta abierta a la esperanza de ver realizado en un horizonte no muy lejano un proyecto que se antoja vital para Cádiz, pero ha sido el actual delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, Fernando López Gil, el que ha acabado de reconocer lo obvio. No hay dinero, no hay previsión, no hay equipamiento.

Las promesas de acabar con la dispersión de sedes judiciales por toda la ciudad, de mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia, de facilitar las gestiones de los ciudadanos, y más allá de eso, de poner en valor un solar que lleva años vallado y de dinamizar un barrio que lo ha apostado todo a la llegada del nuevo equipamiento se quedan en nada después de que la Junta, responsable de la obra, reconozca que la única opción de levantar la macro sede judicial es que un inversor privado ponga sobre la mesa los 83 millones de euros en que está presupuestado el proyecto. Esta opción es casi impensable, tal y como reconoció el delegado del Gobierno en una reunión con abogados hace solo dos días, en la coyuntura económica actual.

Desde la Consejería de Justicia e Interior en Sevilla se resisten a dar por muerto el proyecto. Llegan a decir que es «irrenunciable», pero reconocen que «habrá que acompasarse con la situación económica actual y las dificultades de los mercados para conceder financiación, que condicionará en buena medida los plazos y ritmos del proyecto». Hay que recordar que el primer anuncio de que Cádiz contaría con una Ciudad de la Justicia, similar a la existente en otras ciudades como Málaga y Almería, se hizo en 2002, hace ya 11 años. Desde entonces el proyecto ha sido bloqueado en varias ocasiones, en principio por la falta de espacio, más tarde por la falta de consignación presupuestaria, luego por problemas con la norma urbanística local, y así hasta el día de hoy.

Lo cierto es que no se puede decir que no se haya avanzado nada. Al menos en papel, la Ciudad de la Justicia está dibujada. Hace cinco años que se cuenta con la imagen virtual del proyecto, aunque posteriormente ha tenido que ser revisado. Se iniciaron algunos trámites previos, se presentó el proyecto básico, el Ayuntamiento aprobó el estudio de detalle en el que se recogían los pormenores de los inmuebles, incluso en agosto de 2010 el Consistorio otorgó a la Junta la licencia de obras. Pero todo esto no ha traído consigo el movimiento de un solo ladrillo.

Con todo esto, el gran temor ahora pasa por la posibilidad de que un cambio de Gobierno en la Junta, un empeoramiento de la situación económica o alguna variación en la legislación urbanística pueda terminar de echar por tierra un proyecto en el que la Administración autonómica ya lleva gastados más de 5 millones de euros. Tan solo el proyecto constructivo, que tal como explican fuentes de la Consejería «está redactado y supervisado y en la actualidad se está preparando el expediente administrativo para sacar a licitación las obras y la explotación del edificio por el procedimiento de colaboración público-privado», ha costado 3,7 millones de euros.

El proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz ha pasado por la manos de dos presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y de varios consejeros de Justicia, entre ellos, dos gaditanos, como Luis Pizarro y Francisco Menacho, además de María José López, Evangelina Naranjo, Begoña Álvarez o el último, Emilio de Llera.

Plazos

Prácticamente cada uno de ellos se atrevió a dar una fecha, un horizonte en el que la Ciudad de la Justicia debía ser una realidad. María José López habló de 2011, Manuel Chaves incluso se atrevió a vaticinar una entrega anterior, Evangelina Naranjo puso en duda que el complejo llegara a 2012, Luis Pizarro puso el horizonte en 2014 y Francisco Menacho lo llevó un poco más allá en el calendario, hasta 2016. El actual consejero, Emilio de Llera, ya no osó a hablar de fechas, solo de «reprogramación».

En caso de que llegara a realizarse, la nueva macro sede judicial gaditana se ubicaría en un solar de 10.300 metros cuadrados de superficie situado entre las calles Granja de San Ildefonso, Brunete y Tolosa Latour, resultante de la suma de dos parcelas colindantes que pertenecían a la Diputación Provincial de Cádiz y que fueron adquiridas por la Junta mediante la permuta de dos edificios de su propiedad.

La primera de las parcelas se encuentra disponible desde el año 2006, una vez que la Junta realizó el levantamiento topográfico de la parcela y las obras de cerramiento, las excavaciones arqueológicas y las demolición de las estructuras preexistentes del antiguo edificio de la Institución Provincial Gaditana. En la segunda parcela, adquirida por la Junta en el año 2011 pero ocupada hasta hace unos meses por la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Empleo, es necesario aún llevar a cabo las obras de derribo de dicha edificación, así como las catas arqueológicas en la parcela, para las cuales se han redactado ya los correspondientes proyectos.

Se trata de una obra de gran envergadura, la más importante prevista en la ciudad junto con la construcción del nuevo hospital, también sin fecha de ejecución. Contará con más de 52.500 metros cuadrados de superficie construida y requerirá de una inversión que superará los 83 millones de euros.