Una consulta y cinco disputas

El desafío soberanista de Artur Mas amenaza con convertir la política catalana y la española en un campo de inestabilidad e incertidumbres, que provocará grietas y puede que hasta rupturas entre aliados, socios y por supuesto entre adversarios. Un panorama complejo del que nadie saldrá indemne.

Especialmente en el seno de CiU. No solo porque los democristianos de UDC, encabezados por Josep Antoni Duran Lleida, que siempre recuerda que no es independentista, se hayan opuesto a la alianza con Esquerra, o porque aún nieguen que el acuerdo entre CiU y ERC fija la consulta para 2014 o porque Unió critique con vehemencia la presión fiscal que incluye el pacto de gobierno con los republicanos. La Federación podría romperse el día que el Gobierno impugne la ley de consultas que aprobará el Parlament, el Constitucional la tumbe y la Generalitat intente seguir adelante con el referéndum. Ya sea en la búsqueda de amparo internacional o ignorando la legalidad y celebrándolo en todo caso. Duran dijo que la consulta será legal o no será, por lo que la salud del matrimonio que desde hace tres décadas forman CDC y UDC dependerá de lo lejos que quiera ir Mas una vez que se quede sin recursos legales para su referéndum.

En ese escenario, agotados los marcos legales, la relación entre CiU y ERC también será de una tensión inmensa. Mas no solo sentirá la presión de Unió, sino que sobre todo tendrá el aliento de Esquerra en su nuca, que le pedirá que ignore las resoluciones judiciales y convoque la consulta de todas todas. Si CiU se echa atrás, el pacto de gobierno estará roto y la legislatura estará muerta, salvo que el presidente pida el rescate al PSC o PP. Por eso, Artur Mas tanteó al PSC en el debate de investidura, porque no quiere quedar prisionero de Esquerra. Y es que su mandato va a ser un continuo quebradero de cabeza. Tanto en lo político, porque la fecha de 2014 para la celebración del referéndum le da muy poco margen de maniobra, como también en lo económico. ERC le reclama un giro social (reflejado en la decena de nuevos impuestos que incluye el pacto de gobierno) y le marcará de cerca cuando acometa el tijeretazo de 4.000 millones en el presupuesto de 2013. No será fácil para Mas gobernar con un Oriol Junqueras que ya ha anunciado que acudirá a todas las manifestaciones que se convoquen contra los recortes.

Como el que ya hay entre el PP y CiU, o lo que es casi lo mismo, entre la Generalitat y el Gobierno central, cuyas relaciones están peor que nunca. Madrid aprieta con el objetivo de déficit y no permitirá al Govern que se salga ni una coma de la ortodoxia de la estabilidad presupuestaria. ERC ya ha reclamado a Mas que incumpla el déficit, pero sabe que si lo hace los hombres de negro del Ministerio de Hacienda podrían cerrar el grifo del Fondo de Liquidez para Cataluña, la sonda que evita la bancarrota de las cuentas públicas y paga los vencimientos de deuda. A la pelea económica acompañará la guerra de recursos al Constitucional, donde se librará una batalla competencial (impuesto de depósitos, euro por receta, tasas judiciales, decretos de educación y sanidad...). Pero donde se espera mayor enfrentamiento es en el ámbito político. El Gobierno ya ha anunciado que hará cumplir la Constitución y por tanto no permitirá la celebración del referéndum. Impugnará la ley catalana de consultas y hasta ha advertido que podría recurrir a la vía penal, para inhabilitar a Mas. Al final del camino queda el artículo 155 de la Constitución, por si el presidente optara por saltarse la ley y no acatara las sentencias de los tribunales. Unos defenderán la legitimidad de las leyes y los otros la de la representación y la de la mayoría absoluta que tienen en el Parlament, por lo que el choque de trenes está servido.

Lío entre socialistas

El otro matrimonio que puede saltar por los aires es el que mantienen el PSC y el PSOE. Aunque el mal rollo viene de lejos, lo que está tensando la cuerda es la posición de los socialistas catalanes en relación al referéndum. Primero sorprendieron cuando en vísperas de la campaña electoral se mostraron favorables a la consulta, eso sí «legal» y fruto de un pacto con el Gobierno central y dejando claro que el PSC votaría que no a la independencia. Pero lo que ha acabado por irritar a la dirección del PSOE es el anuncio del PSC de que se abstendrá cuando se vote sobre la consulta en el Parlament.

Y por último, chirriarán las históricamente buenas relaciones entre CiU y el mundo empresarial. Mas asumió en 2010 la presidencia de la Generalitat proclamando que haría una política «business friendly». Hoy, dos años después, tiene a buena parte del empresariado catalán en contra. La burguesía catalana no es amiga de críticas en público, pero poco a poco va deslizando denuncias. La patronal Fomento del Trabajo, perteneciente a la CEOE, y la Cámara de Comercio de Barcelona, que mantenía un estrecho vínculo con CiU, han salido a la palestra para criticar el pacto CiU-ERC. Cuestionan la subida de impuestos y que la legislatura no dé prioridad a la economía sino a la apuesta soberanista. La tensión, si el president insiste en su giro a la izquierda, irá a más.