Cuenta atrás para la nueva ley educativa

«El anteproyecto de ley sigue abierto a modificaciones hasta que se convierta en ley». Esa fue la frase que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, pronunció tras la última reunión con la consejera catalana, Irene Rigau. Sin embargo, pese a las palabras conciliadoras y diplomáticas del ministro, la aprobación de la reforma educativa ya ha iniciado su cuenta atrás. El margen para que se produzcan cambios sustanciales en el texto termina el miércoles. Ese día, la Conferencia Sectorial dará luz verde al borrador definitivo del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). La polémica por el catalán, el reparto competencial, la alternativa a la asignatura de Religión y la financiación de centros privados son los principales puntos de fricción.

La disputa por el uso del catalán hace tiempo que se adueñó del debate sobre la reforma educativa. La Generalitat pide un «cambio sustancial» en la disposición que regula el castellano como lengua vehicular para los alumnos que lo soliciten. De no ser así, amenazó con «no acatar» la legislación estatal, algo que sería todo un acto de insumisión. El Ministerio se ha dado cuenta de la sensibilidad que despierta el modelo lingüístico en Cataluña y modificaciones, pero en el sentido de las propuestas del PP catalán. Es decir, cambiar la denominación de «especialidad» para las asignaturas de lenguas cooficiales y aclarar que la preeminencia del uso de una lengua cooficial sobre el castellano en una «proporción razonable» la marca la comunidad. Más complicado es la inclusión, como solicitó Alicia Sánchez-Camacho, de una asignatura sobre el conocimiento de las lenguas cooficiales en el resto del país.

El control sobre las asignaturas troncales es otro caballo de batalla entre Cataluña y el Gobierno. Según el borrador actual, el Estado fijará el 100% de los contenidos en Matemáticas, Lengua, Inglés, Geografía, Biología e Historia. Tanto la Generalitat como las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Andalucía y Asturias) consideran que invade las competencias recogidas en sus estatutos.

Estas comunidades autónomas también quieren un mayor protagonismo en las evaluaciones previstas al final de cada etapa educativa (6º Primaria, 4º ESO y 2º Bachillerato). El borrador actual establece que será el Estado el encargado elaborar estas pruebas «comunes».

También suscita un rechazo frontal de Andalucía o Asturias la nueva alternativa a Religión denominada Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria. Esta materia se mantendrá como evaluable, una de las reivindicaciones históricas de la Iglesia.