Diputación adelanta cinco millones a siete ayuntamientos para que lleguen a fin de año

La situación financiera de la mayoría de los consistorios gaditanos es crítica. Dramática. El Gobierno de la Diputación ha lanzado de nuevo un flotador a siete de ellos para que lleguen a final de año y puedan hacer frente a sus gastos corrientes. De esta forma, el Servicio Provincial de Hacienda ha puesto sobre la mesa algo más de cinco millones de euros para que los ayuntamientos de La Línea, Barbate y Sanlúcar, gobernados por el PSOE, los consistorios de Trebujena y Puerto Serrano, gestionados por IU, y las corporaciones locales de Puerto Real y Los Barrios, lideradas por el PA, puedan abonar, entre otras cosas, las nóminas pendientes de sus funcionarios. El caso más graves es el del ayuntamiento linense con casi nueve nóminas pendientes de pago.

El presidente de la Diputación, el popular José Loaiza, anunció ayer el segundo adelanto de tesorería que se hace desde la institución provincial a los consistorios más necesitados y con mayor riesgo de quiebra. Al mismo tiempo indicó que el área de Hacienda trabaja desde hace meses en la elaboración de planes económicos muy específicos para rescatar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que no pueden afrontar sus obligaciones de pago y que plantean serios problemas financieros.

Un rescate que se repite

La Diputación ya ha salido en ayuda de varios municipios en lo que va de año. Este es el caso de Barbate, La Línea, Prado del Rey y Los Barrios, que se repartieron 2,5 millones de euros para poder salir a flote.

La historia se vuelve a repetir ahora ante la imposibilidad de sanear sus cuentas y llegar a fin de mes. El Servicio Provincial de Hacienda asigna un anticipo a La Línea de 1,3 millones de euros, a Puerto Real, de 1,5 millones, y a Sanlúcar, de un millón. Son los municipios que más perciben. Por lo que respecta a Barbate, se lleva un anticipo de 560.000 euros, Los Barrios, de 500.000, Puerto Serrano, de 200.000, y Trebujena, de 100.000 euros.

Loaiza señaló que este dinero se tiene que reembolsar en el plazo máximo de 36 meses, lo que significa que su amortización esta garantizada durante la legislatura del PP en la Diputación. Esta medida supone adelantar a los consistorios parte de la recaudación que prevén para el año que viene. Para ello, el Servicio Provincial de Hacienda, que gestiona el diputado Juan Antonio Liaño, ha priorizado entre los más necesitados, al tiempo que ha elaborado un estudio económico sobre la situación de sus arcas.