El Plan de Protección del Litoral apenas roza a los proyectos más polémicos

El Consejo de Gobierno de la Junta sorprendió el martes pasado incluso a sus propios técnicos aprobando un decreto ley de medidas urgentes para la planificación urbanística de los ayuntamientos de la costa. Con este nuevo documento, al que aún le quedan meses para su aprobación definitiva, la Administración andaluza pretende ajustar a las actuales exigencias de sostenibilidad los proyectos urbanísticos desarrollados en el litoral, tanto en suelos urbanizables como en los que no lo son. Todas estas exigencias ya quedaron fijadas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), pero este no contaba con medidas coercitivas para casos en los que no cumplieran con las directrices autonómicas.

El nuevo decreto incluye el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, redactado para proteger los espacios no urbanizados y evitar el deterioro del paisaje y la pérdida de ecosistemas valiosos. Dichos espacios, que ocupan un 15% de la superficie de Andalucía y acogen al 40% de su población, son para el Gobierno de la Junta un «activo de primer orden para la competitividad turística y para las principales actividades económicas de la región», según señalaron fuentes de la Junta en un comunicado. La normativa se centra en la franja comprendida en los primeros 500 metros desde la costa.

Técnicos de Medio Ambiente consultados por LA VOZ interpretan este nuevo decreto ley como una reacción a la Ley de Costas que publicó el Ejecutivo central hace unas semanas para facilitar la legalización de ciertos núcleos urbanizados en toda la costa española. Aunque el Gobierno andaluz asegura que el fin del documento es frenar las previsiones de crecimiento elaboradas hace años, en las décadas de los 80 y 90, ajustándolos a una regulación más actual, «aunque ha coindicido con otras legislaciones más permisivas»,como apuntó el viernes el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas.

La aplicación concreta del decreto está aún por verse y ni los propios técnicos de la Junta podían facilitar el viernes una listas ajustada de los proyectos que se verán afectados por la normativa recién aprobada. Dicha medida se aplicará en tanto no se produzcan las correspondientes adaptaciones al POTA en municipios costeros. Esto significa que en Cádiz habrá 11 localidades afectadas: Chipiona, Sanlúcar, Rota, San Fernando, Chiclana, Conil, Barbate, Zahara de los Atunes, Tarifa, Algeciras y La Línea.

Los únicos municipios de la provincia que se han adaptado al POTA (y que por tanto no tendrán problemas con los proyectos urbanísticos en desarrollo en el litoral) son Cádiz, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Los Barrios y San Roque. Estas ciudades suman la mitad de las que han hecho las tareas obligadas por el POTA en toda la Comunidad Autónoma.

Ajustes en Valdevaqueros

Vistos uno a uno los proyectos urbanísticos más polémicos del litoral gaditano se observa que la mayoría se salva de esta nueva restricción de la Junta de Andalucía. En el caso del famoso desarrollo de Valdevaqueros, uno de los que nacieron al amparo del PGOU de Tarifa de 1992, y que sería uno de los que entran en el perfil protegido por este decreto de la Junta, se salvará con solo unos ajustes. El propio consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, apuntó el viernes que «es posible que pase la aprobación definitiva, si se adapta en su redacción a las exigencias del POTA».

Valdevaqueros prevé la construcción de 1.423 plazas hoteleras y 350 viviendas. El proyecto, según apuntaron desde el propio Ayuntamiento, prevé una «muy baja densidad de construcción, ya que de los más de 700.000 metros cuadrados de superficie con que cuenta sólo podrán urbanizarse unos 84.000» con construcciones de no más de dos alturas. Hay que recordar que una de las ventajas que ofrecía el proyecto de Valdevaqueros es que se ubica al otro lado de la carretera que lleva a Tarifa, a más de 500 metros de la costa. A pesar de este punto a su favor, no deja de ser un gran desarrollo que cuenta ya con la aprobación del plan parcial, a muy poco de ser aprobado definitivamente a pesar de la oposición de colectivos ecologistas y de que se creara una plataforma ciudadana llamada 'Salvemos Valdevaqueros' que ha sido muy activa en la zona desde hace décadas.

El Palmar y la crisis

El plan de Malcucaña en El Palmar, en el municipio de Vejer, es otro de los más peleados por otra plataforma ciudadana, 'Salvemos El Palmar', y sería de los que entrarían en retroceso con el nuevo decreto. Ecologistas en Acción denunció el proyecto por defecto de forma ante el TSJA con el fin de retrasar su tramitación pero este expediente se cerró finalmente, por lo que queda fuera del nuevo decreto ley que no tiene efecto retroactivo.

Esta urbanización no se ha llevado a cabo no por la protección de los conservacionistas, ni por los traspiés legales, sino por la crisis económica, que ha golpeado especialmente al sector de la construcción y a la financiera. Se da la curiosa circunstancia de que el suelo tiene ahora dos propietarios: Bankia (que adquirió los terrenos siendo aún Caja Madrid) y Tarje, que compraron esta propiedad cuando Riera Marsá se declaró en concurso de acreedores. La entidad financiera tiene casi la mitad del suelo del proyecto hotelero y busca comprador y Tarje tampoco emprende la construcción, según apuntaron fuentes cercanas al proyecto, por falta de financiación.

El complejo hotelero de El Palmar, en la zona conocida como Malcucaña, contempla la construcción de dos apartahoteles con 700 habitaciones y se calculó la creación de 300 empleos directos. El proyecto contaba con una inversión cercana a los 90 millones de euros y una duración de unos 24 meses.

Varios en Barbate

Muy cerca de las paradisíacas playas de Los Caños y muy cerca del Parque Natural de la Breña, en el término municipal de Barbate, se encuentra sobre? plano otro desarrollo urbanístico y turístico de gran calado, planteado en la zona conocida como El Següesal. Este macro proyecto cuenta con el visto bueno de la Administración andaluza porque consiguió el sello de campo de golf de interés turístico. Con este marchamo de calidad quedó zanjado el debate sobre el desarrollo de la constructora Bogaris que propone construir en 467,2 hectáreas. Además del campo de golf, incluye 1.690 viviendas y apartamentos, dos hoteles, instalaciones hípicas, colegio bilingüe dirigido a un público con alto poder adquisitivo, entre otras propuestas denunciadas por Ecologistas en Acción, incluso ante el Defensor del Pueblo Andaluz. Este desarrollo urbanístico quedó blindado por la declaración de interés turístico del campo de golf y tampoco se verá afectado por el Plan de Protección del Litoral.

Otro proyecto en Barbate, en la zona de El Bujar, lucha por conseguir el mismo sello de calidad turística que el del Següesal, que lo liberaría de las normas descritas en el POTA. Dicho plan contempla un puerto deportivo, otro campo de golf, hotel y viviendas y supondría una inversión de 120 millones.

Agilizar el papeleo

Por último, el decreto ley modifica diversas normas para agilizar la tramitación de los procesos de planeamiento urbano y facilitar la coordinación entre las administraciones. Entre ellos destaca el establecimiento de un plazo único de tres meses, frente a los seis actuales, para la emisión de los informes sectoriales por parte de la Administración autonómica. Además se acelerará la puesta en funcionamiento del órgano colegiado que actuará en cada provincia como 'ventanilla única' para facilitar a los ayuntamientos la tramitación de estos informes sectoriales, que hasta ahora han emitido por separado las diferentes consejerías de la Junta.

Esta medida permitirá acortar los plazos de respuesta a los municipios y reforzará la colaboración técnica entre las administraciones autonómica y local en relación con las incidencias que pueden plantearse durante el proceso.