Los jueces trasladan su «malestar» a Gallardón

Ni sus diferentes adscripciones ideológicas ni las particularidades de su comunidad autónoma han sido obstáculo para que los 17 presidentes de los tribunales superiores de Justicia hayan alzado la voz contra Alberto Ruiz-Gallardón.

En un hecho sin precedentes, todos los responsables territoriales del Poder Judicial consensuaron ayer un documento en el que trasladaron en persona al ministro de Justicia el «malestar» de la carrera contra sus reformas y la situación límite de la administración judicial.

Los magistrados se reunieron primero con el presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, y después visitaron a Gallardón en el ministerio, donde le transmitieron en persona todas sus reclamaciones, entre ellas la oposición a la polémica ley de tasas.

El documento de cuatro páginas pide la unidad de actuación del consejo y los responsables políticos, Ministerio de Justicia y gobiernos autonómicos, para lograr un diálogo «franco» con el que encontrar soluciones. En primer lugar, los presidentes hacen una defensa velada del actual modelo del gobierno de los jueces, en tanto en cuanto defienden «una composición adecuada» para salvaguardar la independencia judicial. Esto es, que los togados mantengan el poder en el seno del consejo.

En segundo término, piden reformar las medidas de refuerzo. Esto supone reforzar el sistema de sustituciones para no aumentar la carga de trabajo, ya que la idea del ministerio es acabar con esta figura: juristas que remplazaban a jueces que estaban de baja, por ejemplo.

Otro punto recuerda que los jueces, por su figura de poder del Estado, deben mantener su condición excepcional de funcionarios públicos para los días libres. Proponen un sistema de compensación con descansos tras guardias.

Por último, hacen una crítica de forma velada a la aprobación de la ley de tasas judiciales. «Tenemos el deber de poner todos los medios a nuestro alcance para garantizar a nuestros conciudadanos el derecho a la tutela judicial que la Constitución les reconoce», aseguran.