El debate presupuestario

Cada año asistimos a la ceremonia de la confusión con motivo del debate presupuestario, en una maraña de cifras y porcentajes donde la realidad se impone en los números, aunque en los discursos brille por su ausencia. Esta es una constante del debate que explica en parte el desapego ciudadano hacia la política, alimentado por los ecos de ese fascismo soterrado que aprovecha las ventajas de la democracia para socavarla.

En la complejidad de las razones del desafecto también habría que anotar la tibieza frente a la corrupción y la desvergüenza de los menos, que aniquila la credibilidad de todos, en un escenario en el que los actores interpretan una farsa que evidencia su impotencia frente a los mercados. En estas circunstancias, los ciudadanos podrían decir que, si el poder reside en el pueblo, mejor que los dejen elegir a los financieros que los gobiernan, en lugar de a los políticos que lo simulan, mientras que recitan un texto plagado de quejas, porque no hay más remedio que hacer lo que hacen.

Cómo tomarse en serio unas cuentas públicas que no se cree nadie, que se aplazan durante meses para evitar el desgaste electoral en Andalucía, que se cambian a golpe de recortes, que dibujan un escenario financiero irreal y que no cumplen ninguno de los objetivos previstos.

Es difícil creer en un gobierno que se empeña en negar la evidencia de los recortes en el gasto social, que pretende vender como una conquista política un rescate financiero que computa en la deuda y el déficit públicos, que dice una cosa y hace la contraria cuando sube los impuestos, que prometió empleo y recuperación económica, pero alcanza cifras dramáticas de parados.

Tienen como único norte el déficit público, pero también en eso han fracasado, porque se empeñan en lograrlo a través de recortes del gasto sin abordar seriamente el capítulo de los ingresos, lo que exigiría la reactivación económica, combatir seriamente el fraude fiscal porque en este país sólo pagan quienes tienen una nómina y avanzar en la proporcionalidad mediante un impuesto especial para las grandes fortunas.

Hasta ahora el debate presupuestario descontaba lo que hay (los servicios públicos, el estado de bienestar) y se centraba en lo nuevo (las inversiones y subvenciones). Pero la crisis y las recetas neoliberales, en las que reinan los recortes, está arrasando con todo y ya no hay nada garantizado, porque se han aplicado en quebrar el suelo de una arquitectura social construida con muchos esfuerzos en los últimos cuarenta años. Ya no podemos dar nada como consolidado y mucho menos, irreversible.

En la misma medida que nos hemos acostumbrado a que la noticia está en lo extraordinario, en que un niño muerda a un perro, hemos dejado de prestar atención a lo ordinario, al gasto social que garantiza la educación y la salud para todos. Aunque la mayor parte del presupuesto, más de un 70%, se destine a garantizar estas conquistas sociales de igualdad y solidaridad, los titulares se reservan para las inversiones en carreteras y ferrocarriles. En la fijación de prioridades hay que tener claro que «unos kilómetros de autovía pueden esperar, pero no puede hacerlo un enfermo, ni un niño que inicia su vida escolar».

La presión del negocio de las grandes constructoras garantiza a las inversiones en infraestructuras grandes cuotas de pantalla y de portadas, especialmente si se trata de carreteras, porque el ferrocarril tiene menos eco y son imperceptibles las relacionadas con el agua, la energía o las telecomunicaciones.

Después de muchos esfuerzos se abre tímidamente en los medios la lectura de los presupuestos públicos en clave de igualdad de género, pero las escandalosas y dramáticas cifras del paro no han logrado que el empleo sea el referente principal en el debate de las cuentas públicas. Es difícil que lo sea, cuando se asume como inevitable que seguirá creciendo el número de parados y se apuesta por desmantelar los servicios públicos, liquidando la garantía de empleo de por vida de los funcionarios.

Todo sea por el negocio, aunque el lucro privado se disfrace de ahorro y eficiencia. Se ahorra en personal, en medicinas y en prestaciones. La eficiencia se evalúa en la cuenta de resultados de las empresas a las que se encomiendan los servicios, que en todo caso tendrán garantizados los clientes y el beneficio neto a través del copago.

Cuando se acaba de cumplir un año de gobierno del PP tenemos un país irreconocible, empobrecido, con más de seis millones de parados en el que ya la sanidad no es ni universal ni gratuita, la atención a la dependencia ha sido desmantelada, en la educación tenemos menos profesores y más alumnos por aulas, los pensionistas han perdido capacidad adquisitiva y los trabajadores han visto reducidos sus salarios y están a merced del despido libre.

Se cumplirá así la maldición bíblica que nos vienen anunciando, el castigo inevitable, la penitencia impuesta por el pecado cometido de vivir por encima de nuestras posibilidades, por haber disfrutado de libertades y derechos excesivos. La crisis les ha brindado una magnífica oportunidad para imponer su modelo político, económico y social, para acabar con la igualdad en la educación y la salud, para desmantelar el estado de bienestar y las conquistas políticas.