El Constitucional avala la tasa a los bancos como la que implantó Andalucía

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado el impuesto extremeño a los bancos, una tasa que también implantó la Junta de Andalucía hace dos años entre las medidas para buscar ingresos alternativos ante la crisis y los recortes.

El Constitucional ha desestimado el recurso interpuesto por el Gobierno de José María Aznar y ha avalado la legalidad del impuesto sobre los depósitos bancarios implantado en Extremadura por Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 2001 al estimar que no vulnera el principio de territorialidad ni la libre circulación de capitales.

El alto tribunal considera que la base imponible es distinta al IVA y al IAE, porque no vulnera el principio de territorialidad y porque la deducción establecida por invertir en la región no impide la libre circulación de capitales, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.

La Junta implantó una tasa a las entidades bancarias con depósitos en la Comunidad, impuesto que podían reducir si la entidad contribuía en proyectos de desarrollo en Andalucía. La medida copiaba el impuesto extremeño, que había sido recurrido al Constitucional. El Gobierno de Zapatero apuró el plazo para recurrir la tasa andaluza y al final desistió para esperar la sentencia respecto a la de la comunidad de Extremadura.

La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, recibió ayer con alegría la sentencia. «Es una muy buena noticia», aseguró a este periódico. El impuesto se mantiene en los presupuestos de 2013. La Junta reconoce que la recaudación no es gran cosa, pero sí los efectos que produce, ya que varios proyectos empresariales se han visto beneficiados por las entidades a cambio de condonar la tasa.

Hacienda había previsto recaudar 130 millones de euros anuales, pero la cifra será inferior a esta cantidad, según admiten fuentes de la consejería.

El presidente extremeño, José Antonio Monago, ha anunciado que destinará el dinero recaudado con la tasa que debe devolverle el Gobierno a la paga extra de Navidad de los funcionarios. Una idea que desde Andalucía se ve imposible, ya que la paga de los funcionarios es una medida estatal. Algo en lo que coincide la Junta y el PP.