El parlamentario Juan Manuel Sánchez Gordillo, a su salida del TSJA. :: MIGUEL ÁNGEL MOLINA. EFE
ANDALUCÍA

Gordillo se niega a declarar, pero rechaza que coaccionara a los trabajadores

Un centenar de personas apoya al parlamentario de IU a la entrada de la sede del TSJA en Granada

GRANADA. Actualizado: Guardar
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El parlamentario y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), se negó ayer a declarar ante el magistrado del TSJA que lo investiga por presuntas coacciones ejercidas durante su actuación como piquete en la huelga del 29 de marzo pasado. Sánchez Gordillo, que estuvo apoyado por un centenar de personas vinculadas al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) también anunció que promoverá la impugnación del vídeo de la Guardia Civil que se ha utilizado como prueba.

Más allá de que ante el juez decidiera acogerse a su derecho ano declarar, ante los periodistas sí rechazó haber ejercido coacción alguna a los trabajadores y defendió las acciones de «no violencia activa» que en aquellas fechas llevaron a cabo los miembros del SAT. El juez instructor les ha trasladado que la imputación de Sánchez Gordillo, al que se le atribuyen cinco delitos contra los derechos de los trabajadores por supuestas coacciones a otras personas a iniciar o continuar la huelga, deriva de un atestado de la Guardia Civil. Los cinco 'incidentes' que motivaron la imputación de esos cinco delitos tuvieron lugar durante la huelga general del 29 de marzo en La Roda y Estepa, si bien su abogado José Antonio Salazar aseguró que «quizá» sólo uno de ellos podría ser considerado delictivo.

A partir de una grabación audiovisual de la Guardia Civil, explicó Salazar, el instructor y la Fiscalía entienden que la actitud del parlamentario pudo ser «coactiva» para provocar el cierre de determinados establecimientos y no únicamente informativa como correspondía al miembro de un piquete en una huelga. La defensa del aforado considera que no ha tenido tiempo suficiente para examinar el atestado del instituto armado y el resto de diligencias practicadas, por lo que ha visto oportuno que Sánchez Gordillo se acogiera a su derecho a no declarar.

Salazar avanzó además que solicitará la expulsión del procedimiento del vídeo con el que se podría inculpar a su cliente, al tratarse de una copia de una grabación original que pudo ser destruida y que no habría sido entregada a las 24 horas de producirse los hechos a la autoridad judicial, tal y como establece la ley.

La citación judicial de ayer es independiente de la causa que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Écija, que en su día se inhibió a favor del TSJA en la investigación a Sánchez Gordillo por su posible implicación en el asalto a un supermercado de Mercadona el 7 de agosto.

Cañamero no comparece

Por su parte, el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, no compareció ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Osuna (Sevilla) que le había citado como imputado por la ocupación el pasado verano de la finca 'Las Turquillas', donde se ubica la Yeguada Militar del ejército, junto a otros 53 militantes del SAT.

El juez que investiga la ocupación de la referida finca ya citó a declarar ya en dos ocasiones al líder del SAT, quien ya señaló a Europa Press que no acudirá a declarar después de haberse declarado «insumiso» judicial. Sostiene que «no es un empeño ni una chulería», sino un acto de «protesta».