«El Código de las Buenas Prácticas ha sido un rotundo fracaso»

No ha servido de mucho el acuerdo al que llegó el pasado mayo el Gobierno de la Nación con la banca española para aplicar el denominado Código de las Buenas Prácticas en casos de ejecuciones hipotecarias. La Administración trataba con ello de rebajar el impacto de los desahucios logrando acuerdos puntuales entre las familias afectadas y las entidades de crédito. Sin embargo, lo que era una herramienta para reestructurar las deudas se ha convertido en papel mojado.

Ésta es la reflexión a la que llega el responsable en la provincia de la Asociación de Usuarios de Banca y Cajas de Ahorros (ADICAE), Luis García, que destaca cómo los bancos hacen caso omiso a este código. En su opinión, «suelen poner trabas y limitan las actuaciones a hipotecas por debajo de los 120.000 euros». Recuerda que esta cantidad es casi irrisoria, «ya que el importe medio de los créditos que se solicitaron en Cádiz en plena burbuja inmobiliaria superaban los 150.000 euros».

Los bancos no dan facilidades y el anuncio sobre la aparición del llamado banco malo ha acelerado los trámites de las entidades para lograr los desalojos. Saben que las viviendas con problemas recaerán en esta nueva entidad y sus pasivos quedarán liberados; Es decir, volverán a salir a la venta a precios competitivos y por algo más que el valor de la hipoteca. El pasado agosto, Conil se declaró, mediante acuerdo plenario, «municipio contra los desahucios». Tal acuerdo tomado por parte de la corporación municipal (IU) implica una serie de medidas a nivel local para poder frenar cualquier tipo de desahucio de familias que, por situaciones económicas, no puedan hacer frente al pago de su hipoteca.