La Cámara de Cuentas aprueba el informe de los ERE con reservas de las consejeras del PP

El pleno de la Cámara de Cuentas aprobó ayer tarde tras una larga sesión el informe que fiscaliza y audita las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis concedidas por la Junta desde 2001 a 2010. El análisis fue aprobado con los votos particulares de las tres consejeras nombradas a propuesta del PP, que consideran insuficiente la amonestación que recibe el Gobierno de la Junta por el fraude cometido en la Consejería de Empleo durante esos años, según pudo saber este periódico.

El texto definitivo no se conocerá hasta la próxima semana, cuando se redacten las alegaciones admitidas ayer y los votos particulares de las consejeras María José Camilleri, Sandra Garrido y Amelia Martínez. Según ha podido saber este periódico, el análisis que hace la Cámara de Cuentas es crítico con la Junta por dar subvenciones millonarias durante años sin mucho control, aunque no hay menciones o referencias a ningún cargo político.

Por lo pronto, el órgano fiscalizador sostiene que no se trataba de ayudas, sino de subvenciones extraordinarias, por lo que debían estar sujetas a la publicidad institucional que marca la ley, como su publicación en el BOJA, y a un mayor control posterior. Sostiene la tesis de que se concedió dinero y prejubilaciones de forma opaca, aunque no lo exprese de esta forma, según las fuentes consultadas.

También muestra su desacuerdo con la tesis del Gobierno andaluz de que el Parlamento era conocedor del convenio entre el IFA-IDEA y la Consejería de Empleo por el que se creó el fondo de la partida 31L para pagar las ayudas, ya que figuraba en la memoria de los Presupuestos Generales. El pleno de la Cámara determina que la memoria no pertenece a la Ley de Presupuestos y por tanto el Parlamento no podía tener conocimiento de ello. Este era uno de los argumentos clave de la Junta para defender la legalidad del procedimiento.

Gran expectación

El informe de la Cámara de Cuentas ha suscitado una gran expectación. Su resolución es crucial para el dictamen que prepara la comisión de investigación creada en el Parlamento para colegir responsabilidades políticas sobre el fraude en las ayudas a las empresas en crisis y a los trabajadores. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga el caso y que ya ha imputado a 60 personas, entre ellas varios excargos de la Consejería de Empleo, también está pendiente de las conclusiones de la Cámara de Cuentas. Esta remitirá una copia de su documento a la Fiscalía anticorrupción.

La auditoría fue solicitada por el Parlamento con el apoyo de todos los partidos. Durante 14 meses un grupo de auditores indagaron en la Consejería de Empleo sobre lo ocurrido con las llamadas ayudas sociolaborales a empresas en crisis. Un primer borrador fue filtrado en mayo pasado provocando una gran polémica.

El informe inconcluso contenía solo las consideraciones de los auditores, entre las que señalaban al Consejo de Gobierno, entonces presidido por Manuel Chaves, y a la Consejería de Hacienda, cuyo titular era José Antonio Griñán, como responsables de posibles irregularidades en el incremento de dotación para la controvertida partida 31L de los Presupuestos.

Pese al eco de estas anotaciones, el borrador era especialmente duro con el interventor general de Hacienda, entonces Manuel Gómez. Los auditores cuestionaban su labor al entender que debió haber emitido un informe de actuación sobre menoscabo de fondos públicos y no solo informes de advertencia cuando supo de posibles irregularidades en el procedimiento de pago de las subvenciones a través de las agencias IFA e IDEA. El interventor reaccionó con una dura alegación a la Cámara en la que incluso pidió nombres de los auditores para querellarse contra ellos. Es más, puso en cuestión la labor de fiscalización de la Cámara de Cuentas como órgano de control externo de la Junta, preguntándole qué hizo durante los diez años en que se cometió el fraude para no detectar nada ni interesarse siquiera por ello pese a sus propias advertencias.

Querella archivada

El informe provisional conocido el pasado verano suaviza las apreciaciones sobre el interventor, cuyas alegaciones recoge el documento final ahora aprobado.

La filtración en mayo del borrador -en realidad un informe inconcluso a falta de alegaciones de las partes-, algo inédito en la Cámara de Cuentas, desembocó en una querella del presidente del organismo, Antonio López, ante la Fiscalía para que investigase quién pudo ser. La Fiscalía archivó la denuncia ante la imposibilidad de averiguar quién de las 26 personas que tuvieron acceso al documento pudieron filtrarlo a los medios de comunicación.