La deuda escala hasta el 90,5% en 2013

La deuda pública desbocada es ya el principal enemigo a batir para la economía española. En 2013 la carga financiera total registrará un incremento porcentual de más de cinco puntos respecto del Producto Interior Bruto (PIB), hasta alcanzar el 90,5%, según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entregó ayer en el Congreso de los Diputados. Una deuda que hay que pagar y que, unida al déficit, obligará un año más a reducir la inmensa mayoría de partidas de gasto sensibles para el ciudadano.

Para Montoro, estos presupuestos son «lo que necesita España para salir de la crisis» y «para abrir el camino del crecimiento y a la creación de empleo». Para el español de a pie suponen otro año consagrado a la austeridad, que obligará a apretarse el cinturón en un entorno de recesión y de destrucción de empleo para enjugar excesos de ejercicios anteriores.

De ahí que el gasto acapare el 58% del ajuste de 13.000 millones que la administración central acometerá en 2013. Las cuentas incluyen recortes en la inmensa mayoría de partidas, incluidas las destinadas a pagar prestaciones por desempleo, que bajarán un 6,3% a pesar de que seguirá la destrucción de puestos de trabajo. Solo crecerán, según proyecta el Ejecutivo, los fondos destinados a pagar las pensiones -las pagas subirán un 1% el año próximo aunque persiste la incógnita de si se revalorizarán en función del IPC- y los intereses de la deuda. No se salvan ni las becas, que en su conjunto descienden un 3,8%.

Ese es el contexto en que la deuda pública aumentará desde el 85,3% previsto para el cierre de este año hasta el 90,5% a finales de 2013. De ese porcentaje, 70,2 puntos corresponden a deuda de la administración central, frente a 66,1 puntos en 2012. Hasta ahora, la previsión oficial era cerrar 2012 con un ratio de deuda/PIB del 79,8%, que crecería al 82,3% en 2013. El problema no es tanto su dimensión como la rapidez de su aumento y la factura por las exigencias de rendimiento que imponen los inversores para financiar a España. El Gobierno se resigna, a la hora de hacer sus cuentas, a que la prima de riesgo seguirá en 2013 en niveles parecidos a los actuales.

El Ejecutivo atribuye el fuerte incremento de la deuda el año próximo, por una parte, al «aumento de la necesidad de endeudamiento derivado de la crisis económica», y por otra, al efecto sobre las cuentas del crédito europeo para recapitalizar el sistema financiero, además de los costes derivados del mecanismo de pago a proveedores y las contribuciones a los rescates de Grecia, Portugal e Irlanda.

Pago de intereses

El resultado más visible es que la partida destinada a pagar intereses de la deuda crecerá un 33,8%, hasta 38.590 millones, y absorberá casi la cuarta parte del gasto total del Estado, que aumenta un 5,6%, hasta 169.775 millones de euros. Además de los intereses, en ese incremento pesan las aportaciones a la seguridad social, que crecen un 74,9% para hacer frente al pago de pensiones no contributivas.

Excluidas esas partidas, el gasto del Estado se reduce un 7,3%, hasta 80.317 millones, frente a los 86.613 millones de este año. Los pagos de los ministerios disminuyen un 8,9% en su conjunto, pero el recorte se reparte de forma desigual entre los departamentos. El mayor tijeretazo (22,6%) será el de Sanidad, el de Industria baja un 21,3%, el de Fomento un 17,6% y el de Educación un 17,2%.

Por partidas concretas, es significativa la reducción de fondos destinados a políticas activas de empleo (34,6%), subvenciones al transporte (27,1%) e I+D+I militar (52%). En clave más política, se esfuma la partida destinada a la Memoria Histórica (2,5 millones en 2012).

El Gobierno presume de que el porcentaje de presupuesto consolidado de gastos dedicado a gasto social representa el 63,6% y es el mayor de la historia. Pero obvia que esa tasa no se alcanza mediante avances en políticas sociales, sino porque ha recortado todo lo demás, con lo que adquieren mayor peso específico las partidas imprescindibles para evitar la quiebra social, como son las pensiones y las prestaciones por desempleo.

Montoro es optimista respecto de la evolución de los ingresos pese a la recesión -la caída estimada del PIB es del 0,5%- y el retroceso adicional del consumo privado (1,2%) por la subida del IVA y la pérdida de poder adquisitivo de colectivos como los empleados públicos, que por tercer año verán congeladas sus retribuciones. Estima unos ingresos totales de 124.044 millones después de la cesión a los entes territoriales, un 2,6% más que la cantidad prevista para 2012. La recaudación impositiva alcanzará los 104.234 millones (un 37,7% más).

El gasto en consumo de las administraciones públicas sufrirá un retroceso adicional del 8,2% y la inversión caerá un 2,1%, frente al 9,9% de 2012. Solo crecerán a buen ritmo las exportaciones, un 6%.

En medio de ese panorama, España está obligada a reducir su déficit desde el 6,3% previsto para este año (esa cifra no incluye 1,1 puntos extra derivados de las operaciones de socorro financiero) hasta el 4,5%.