El Poder Judicial amonesta a Interior por precipitarse

El Consejo General del Poder Judicial se metió de lleno en la polémica sobre los altercados del 25S y amonestó al Ministerio del Interior por hacer valoraciones «jurídicas apresuradas» al acusar a los 35 detenidos de un delito contra las Altas Instituciones del Estado, antes de que los arrestados pasaran siquiera a disposición judicial.

La portavoz del gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, recordó ayer al Gobierno que solo los jueces tienen «legitimidad» para calificar unos supuestos actos delictivos. Bravo lanzó otra pulla a los responsables ministeriales que desde el primer momento culparon a los arrestados de delitos graves: «Cualquier actuación sobre un presunto delito necesita al menos una investigación», apuntó la portavoz, quien lamentó que «determinadas declaraciones políticas conviertan a la justicia en epicentro».

Pero Bravo fue aún más allá a la hora de valorar los incidentes del Congreso. «Desde mi punto de vista -apuntó- no me parece una toma del Parlamento sino el ejercicio legitimo por parte de los ciudadanos del derecho a manifestarse y a expresarse en un momento muy difícil».

Entretanto, continúa la controversia sobre la acusación a la que se enfrentan los arrestados después de que la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Madrid dejara en libertad a todos los detenidos, pero imputados por atentado y resistencia, además de un delito contra las Altas Instituciones del Estado.

La instructora deberá decidir la semana próxima si se inhibe a favor de la Audiencia Nacional porque de confirmar que ve indicios de que los arrestados intentaron asaltar el Parlamento el caso pasaría de nuevo al juez Santiago Pedraz, quien el jueves ya rechazó estas diligencias al no ver pruebas de esos delitos.