Atraco en el supermercado

La actuación perpetrada por el parlamentario de IU y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, en un Mercadona de Écija, y la desarrollada en el Carrefour de Arcos por el alcalde de Espera y diputado provincial de IU, Pedro Romero, es un delito. El fin de la protesta no justifica, en absoluto, la entrada en los dos centros comerciales de una legión de jornaleros del campo para llevarse por la fuerza docenas de carritos llenos de comida. Gordillo y el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, han justificado esta acción ante el drama del paro que asola a miles de familias que no tienen para comer. El Robin Hood andaluz se ha equivocado y puede pagar las consecuencias. Sin embargo, la acción de los dirigentes de IU ha puesto en un serio aprieto al Gobierno de la Junta que preside José Antonio Griñán y que se ha apresurado a rechazar este tipo de actuaciones. El PSOE gobierna en coalición con IU desde las autonómicas del pasado marzo. El coordinador regional de IU y vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, aunque no comparte el acto de Gordillo ya ha advertido que no está en los planes del partido abrirle un expediente sancionador. La hazaña de Gordillo y de Cañamero es inadmisible en un estado de derecho. Ocupar un centro comercial y arramblar con todo lo que se encuentra a su paso bajo el lema de que es para los más pobres es un robo a cara descubierta. Este tipo de actuaciones están penadas y no se pueden permitir por mucho eslogan solidario que respalde la protesta. Sánchez Gordillo ha subido de tono sus reivindicaciones, hasta ahora centradas en la ocupación de fincas, y no se arrepiente de lo que ha hecho. Al contrario. Anuncia nuevas actuaciones en este sentido. No sabemos si lo próximo será atracar un banco y repartir el dinero.