El PSOE insiste en adaptar el sueldo de los alcaldes al tamaño municipal

Es una de las pocas propuestas de reforma de la administración en las que, desde el primer momento, el Gobierno y el PP fueron capaces de ponerse de acuerdo, pero el primer partido de la oposición quiere ahora someterla a la consideración de los gobernantes locales de su formación. El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, tiene intención de plantear hoy, en un encuentro con alcaldes socialistas, la necesidad de limitar el sueldo de los cargos electos municipales para hacerlos proporcionales al presupuesto y al tamaño de cada localidad.

Hasta la fecha, no existen criterios homogéneos ni hay tampoco un registro público que detalle los salarios que perciben alcaldes y concejales. Estos se fijan (cuando existen, porque también hay regidores que trabajan gratis) en los plenos de los consistorios. Y así, se dan casos, habitualmente de grandes ciudades, en los que se perciben sueldos que superan de largo al del presidente del Gobierno. Ocurre en las ciudades de Madrid, Barcelona y Zaragoza, cuyos gobernantes tienen nóminas superiores a los 100.000 euros anuales.

La idea es que, en adelante, sean los Presupuestos Generales del Estado los que establezcan un baremo de retribuciones en función del tipo de entidad local, la población, el tamaño del municipio y otras circunstancias socioeconómicas como la capitalidad. El cambio debería plasmarse ahora en una reforma de la ley de bases del régimen local que el Gobierno tiene intención de pactar con el PSOE dentro de la más amplia reforma de la estructura administrativa. El problema es que en esto parece haber plena comunión, pero los socialistas recelan de la primera propuesta global del Ejecutivo y preparan un texto alternativo.

Control político

Zarrías plantea, en primer lugar, un matiz a los recortes salariales. «Cabría añadir la nueva regulación de los grupos políticos municipales, no solo para limitar las cuantías percibidas sino también para asegurar un contenido mínimo de derechos que posibiliten el ejercicio responsable de la oposición política y el control del grupo del gobierno», defiende.

En la oposición están, precisamente, la mayoría de los grupos locales socialistas tras el batacazo electoral de mayo de 2011, que les dejó con tan solo nueve capitales de provincia. Cerrarles en exceso el grifo del dinero público sería restringir también su margen de actuación.

La propuesta que analizarán los alcaldes socialistas aborda otro asunto que separa al PSOE del Gobierno: el modo de preservar la autonomía municipal. Los socialistas sostienen que el plan presentado por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, pretende «desapoderar» a la inmensa mayoría de municipios a favor de las diputaciones. El texto permite, en efecto, que estos órganos intermedios asuman competencias que no le corresponden cuando los gobiernos locales no tengan capacidad económica para prestar los servicios locales que les son propios. Según Zarrías, eso supone un quebranto de la Constitución, que reconoce a los ayuntamientos la capacidad de decidir por sí mismo cuál es la fórmula más idónea para atender a sus ciudadanos. A su juicio, lo que el Gobierno plantea es solo una ley para intervenir ayuntamientos.