ANDALUCÍA

Rafael Carmona acusa a Susana Díez de desprestigiar a la Guardia Civil

SEVILLA. Actualizado: Guardar
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El portavoz económico del Partido Popular, Rafael Carmona, acusó ayer a la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, de «menospreciar la labor» de la Guardia Civil en sus investigaciones sobre el fraude en los ERE y de «intentar desprestigiarla» por apuntar a la responsabilidad de la Junta de Andalucía.

En rueda de prensa, Rafael Carmona tachó de «inaceptables» las declaracionesrealizadas por Susana Díaz cuestionando el atestado que la Guardia Civil entregó a la juez Mercedes Alaya sobre el caso del fraude en los ERE, al sostener que basa sus valoraciones en «suposiciones y sospechas sin ningún medio probatorio».

La consejera «se ha excedido y tiene que ajustarse al nuevo traje y saber que desde el Gobierno andaluz no se puede menospreciar la laboral de la Guardia Civil», afirmó el diputado del PP, quien insistió en que el PSOE «no puede ir en contra de todas las instituciones» que señalan su responsabilidad en los ERE.

Susana Díaz debería «asumir su responsabilidad y sobre todo (José Antonio) Griñán», que era el «responsable de la trama organizada para repartir fondos públicos entre los amigos del poder y del PSOE», apostilló Rafael Carmona.

En este sentido, recordó que el hilo conductor del PSOE en el caso de los ERE ha sido «desacreditar» los informes que han señalado la responsabilidad del Ejecutivo andaluz, como el de la Intervención General, el de la Cámara de Cuentas y ahora el de la Guardia Civil, y también en alguna ocasión ha «arremetido brutalmente» contra la jueza, denunció.

El responsable del área económica del Partido Popular también replicó a unas declaraciones realizadas a un medio de comunicación por el consejero de Justicia, Emilio de Llera, y le aclaró que el caso ERE «no es el uso fraudulento de un sistema legal sino que es absolutamente ilegal».

A este respecto argumentó que el Gobierno andaluz envió a las empresas que recibieron las ayudas supuestamente fraudulentas resoluciones anulando los acuerdos basándose en la «ilegalidad en la que fueron concedidas».

Por tanto, Carmona pidió al consejero de Justicia que «no distorsione el sistema que es absolutamente ilegal», y recordó que la Intervención General desde un primer momento alertó de la ilegalidad, pero la Junta de Andalucía hizo «oídos sordos».