«Creo que Antonio Fernández no debe estar en prisión preventiva»

Tres días ha tardado Griñán en pronunciarse sobre la orden de prisión preventiva contra el que fuera su consejero de Empleo, Antonio Fernández. La jueza Mercedes Alaya ordenó su ingreso en prisión el martes de madrugada por entender que había riesgo de fuga y destrucción de pruebas tras imputarle seis delitos por el fraude en los ERE (expedientes de regulación de empleo) y ayudas a empresas en el tiempo en el que fue viceconsejero y consejero. La orden de prisión fue calificada por la portavoz de su gobierno, Mar Moreno, de «desproporcionada». La dirección federal del PSOE también la ha criticado y el PSOE de Cádiz emitió un comunicado de apoyo a Fernández. El exconsejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, llegó a criticar a los servicios jurídicos de la Junta por no defender la labor de Fernández durante el interrogatorio.

A todo esto contestó ayer Griñán ante el comité director. El secretario general del PSOE-A se pronunció claramente. «El Gobierno andaluz ya ha manifestado que considera desproporcionado el ingreso en prisión preventiva de Antonio Fernández y yo creo sinceramente que no debería estar en prisión preventiva y que tiene intacta su presunción de inocencia». Se suma así a las voces críticas con la actuación de la jueza Alaya. El PSOE ha llegado a mencionar el agravio de Jaume Matas, que estando condenado por varios delitos aún no ha ido a la cárcel.

Pero Griñán también defendió la actuación y la independencia de los letrados de la Junta en su trabajo como acusación particular, en respuesta a Luis Pizarro. El presidente en funciones opina que la «independencia» de los letrados en su trabajo «es lo que nos diferencia de la derecha».

El líder socialista recordó otra vez que su gobierno ha sido «ágil y activo en la denuncia y en la investigación de las irregularidades» del escándalo de los ERE. Añadió que hay que ser «inflexibles» y «actuar con rigor» en la investigación del caso pese a las trampas procesales y a las mentiras que atribuye al Partido Popular.

También defendió como legales las ayudas sociolaborales recogidas en la partida 31L considerada ilegal por la jueza. «Otra cosa es que una parte de las mismas haya podido desviarse de su finalidad, y en eso hemos sido inflexibles y hemos actuado con rigor», afirmó.