La juez encarceló al exconsejero por enriquecer a «unos pocos» con los ERE

La juez que investiga el supuesto fraude de los ERE asestó ayer un golpe mortal a la presunta trama con el auto de prisión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el político de mayor rango encarcelado por corrupción en Andalucía. Para justificar las medidas cautelares, la juez sostuvo que la Junta puso en marcha en 2001 un sistema de concesión de ayudas que permitía «eludir ilícitamente» los controles con el objetivo de «institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad» para dichas concesiones. Un sistema ideado, según la juez Mercedes Alaya, por el propio Fernández, quien en un ejercicio de «absoluta dejación de funciones» promovió el «enriquecimiento injustificado» de personas cercanas al PSOE.

Tras cinco horas de elaboración del texto para responder a todas las alegaciones de la defensa de Fernández, Alaya dictó un extenso auto de prisión en el que mantiene la imputación inicial al exconsejero de Empleo, es decir, cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude en la obtención de ayudas públicas, así como otros dos de cohecho y falsedad documental. Y pese a que realizó su imputación hace ahora casi un año, justificó la adopción de medidas cautelares ahora no solo por la gravedad de los delitos, sino por el riesgo de fuga y de obstrucción a la investigación con la destrucción de pruebas.

Para la juez y la Fiscalía Anticorrupción, Fernández, y al menos otro consejero de aquella época, José Antonio Viera, idearon un sistema de concesión de ayudas con la excusa de lograr la «paz social» para tener más agilidad a la hora de dar las ayudas públicas. Así, se pasó de las subvenciones excepcionales, el procedimiento habitual en estos casos, a las denominadas transferencias de financiación con menos controles.

Sin embargo, para la juez la política «no puede ir contra la ley y el derecho» pese a que, según insistió Fernández, estaba avalado por los servicios técnicos y jurídicos de la Junta. Alaya investigará ahora este asesoramiento por si los servicios jurídicos o la propia Intervención General hubiesen recibido órdenes para hacer prevalecer los criterios políticos. Un ataque directo que pone de nuevo en el punto de mira a las más altas instancias de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Según Alaya, este procedimiento no se amparaba en normativa alguna e «institucionalizaba la arbitrariedad y la discrecionalidad», de forma que se «podrían regalar las ayudas fraudulentas próximas a la Junta de Andalucía y los socialistas». Llega a calificar este uso de «extraordinariamente abusivo» pese a la encendida defensa de la legalidad que hizo el exconsejero a lo largo de las cuatro sesiones de interrogatorios .

Difícil de creer

En este sentido, la juez llega a acusar a Fernández de «absoluta dejación de funciones y responsabilidad» porque resulta «difícil de creer» que desde su puesto no fuera consciente de lo que pasaba -las ayudas directas a 'amigotes' y la inclusión de intrusos en los ERE-, siendo además una persona formada en Derecho. Lo que demuestra, a su juicio, una «total despreocupación por el dinero público».

Durante su mandato, Fernández concedió como viceconsejero y como consejero 837 ayudas sociolaborales -las prejubilaciones individuales- por valor de 395 millones, y otras 294 ayudas directas a empresas por importe de 82 millones. La mayoría de esas ayudas se dieron sin solicitudes ni controles, con compromisos de pago superiores a los presupuestados y fueron concedidas por la dirección de Trabajo de Francisco Javier Guerrero, el otro exalto cargo encarcelado por este caso, y su sucesor, Juan Márquez. Este es el argumento que ha esgrimido la Junta de Andalucía y el propio Fernández, que llegó a lamentar en su interrogatorio que tal vez pecó de exceso de confianza con su equipo. Pero para la magistrada se trata más bien de que el exconsejero, «de forma indiciaria», consintió «la total y absoluta falta de competencia de aquellos para dichas concesiones».

Es más, la juez entiende que Fernández «propició de forma indiciaria» la concentración de muchas ayudas en dos comarcas concretas en Sevilla y Cádiz, y a empresas cuyos únicos méritos eran que «pertenecían al ámbito personal o político del PSOE andaluz».