Vuelve la confrontación

Las dos legislaturas entre 1996 y 2004 se conocieron por la confrontación política entre el Gobierno de Madrid y el de Andalucía, el primero gobernado por el PP y el segundo por el PSOE en coalición con el PA. Todo hace prever que el nuevo ejecutivo andaluz siga llevando las siglas PSOE, esta vez con IU como coaligado bien en el Parlamento o en la Junta. Y a la vista de la polémica esta semana con las inversiones destinadas a Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado, parece que vuelve aquella confrontación.

Antes incluso de que los andaluces votaran el 25M y rompieran los pronósticos a favor de una victoria absoluta del PP, Gobierno y Junta ya habían tensado la cuerda en varios asuntos. Entonces se achacó al clima preelectoral. El presidente del Gobierno recurrió ante el Constitucional la reforma de la Ley Electoral que excluye a los alcaldes del Parlamento días antes de las elecciones.

Pero cinco días después del 25M también recurrió al Constitucional la subasta de fármacos. Ya no se trataba de la tensión preelectoral. Como tampoco que Los Presupuestos Generales del Estado hayan obviado cumplir el Estatuto de Autonomía en cuanto a inversiones según el peso poblacional. En solo cien días de gobierno del PP en Madrid y a falta de un mes para que el nuevo gobierno andaluz eche a andar, ambos ejecutivos han dejado atrás los compromisos de José Antonio Griñán y de Carmen Crespo, delegada del Gobierno en Andalucía, de entendimiento institucional. Desencuentros que tampoco han podido ser aliviados al máximo nivel, ya que Rajoy pospuso el recibimiento de Griñán como presidente autonómico por las elecciones a la espera, quizás, de hacerlo con Javier Arenas de haber ganado.

El pasado 3 de marzo el Consejo de Ministros aprobó instar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Electoral andaluza que deja fuera del Parlamento a los alcaldes. Esta fue aprobada el 23 de noviembre por el Parlamento andaluz con el voto a favor del PSOE y la abstención de IU. El PP votó en contra y anunció que recurriría a los tribunales. La reforma considera incompatibles el escaño de diputado con el de alcalde y presidente de diputación. Cuando fue aprobada el PP contaba con 17 alcaldes en la Cámara. La iniciativa fue una estrategia del PSOE para dejar fuera de juego a los regidores del PP, tras ganar este partido las elecciones municipales, las alcaldías de las ocho capitales de provincia y la presidencia de cinco diputaciones. Lo que empezó por una estrategia de confrontación del PSOE hacia el PP, invirtió los papeles tras ganar este partido las elecciones generales en noviembre. El recurso fue presentado al Constitucional en plena campaña de las andaluzas. Admitido a trámite permitirá a ocho regidores del PP a tomar posesión de sus actas de diputados sin renunciar a las alcaldías.

El Gobierno ha argumentado que la norma andaluza es desproporcionada y arbitraria y considera que se está limitando el derecho de sufragio pasivo reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución. Los socialistas reprochan a Rajoy que no recurra la ley electoral gallega, que mucho antes que la andaluza consideró inelegibles como diputados a los alcaldes de aquella comunidad gobernada por el PP. IU está a favor de la reforma. Fue su impulsora, pero su polémico alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, se mostró en contra.

El Gobierno de Rajoy anunció el recurso al Constitucional contra la subasta de fármacos de la Junta el 30 de marzo, cinco días después de las elecciones. La Junta había sacado a subasta 16 principios activos de los medicamentos más consumidos por los pacientes para ahorrar al menos 40 millones de euros este año y hasta 200 millones en lo sucesivo. La puja obligaba a las farmacéuticas a bajar los precios y beneficiaba al SAS de las bonificaciones por compras de grandes cantidades. El Gobierno, acuciado por la industria farmacéutica, había mostrado a la Junta estar en contra, pese a que Javier Arenas no lo vio mal en principio y su partido se abstuvo en la votación del Parlamento.

El 15 de marzo la ministra de Sanidad, Ana Mato, se había comprometido con la Junta a buscar una solución negociada como quedó acordado en la comisión bilateral Junta-Gobierno. Nunca llegaron a reunirse los equipos de trabajo de ambas administraciones. Las grandes firmas de la industria farmacéutica hicieron boicot. Siete de las once firmas que resultaron adjudicatarias se retiraron de la firma dos días antes de las elecciones. El Gobierno central argumenta su recurso en que la medida andaluza invade competencias del Estado en la fijación de precios y rompe la equidad de acceso a los medicamentos. También en este caso surge el agravio con Galicia. Esta comunidad, presidida por Alberto Núñez Feijoo (PP), aprobó un catálogo de medicamentos con la marca concreta que deben recetar los médicos con la intención de ahorrar cien millones de euros. El Gobierno de Zapatero lo recurrió por los mismos motivos que el de Rajoy la norma andaluza. El Constitucional levantó después la suspensión del catálogo gallego.

Andalucía no aceptó los consejos del Gobierno central y de las comunidades del PP y decidió no posponer la convocatoria bianual de oferta de empleo público de profesores de secundaria, lo mismo que Madrid, País Vasco y Canarias. Sacó a concurso 2.389 plazas para este año. En febrero, el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, anunció el cambio de temario aprobado por el anterior Gobierno de Zapatero en noviembre. Una medida que desató aireadas protestas en el colectivo de opositores, que llevaban tres meses preparándose con el temario aprobado. La polémica fue aprovechada por el Gobierno andaluz para avivar la ya renovada confrontación política. Las declaraciones de Wert argumentando en el Congreso que a los opositores no les había dado tiempo de estudiar mucho y menos en Navidad, alentó las críticas al ministro. El Gobierno andaluz se quejó de que el cambio de temario no fuese consultado a las comunidades, como era lo usual hasta ahora.

El PP siempre fue muy exigente con Chaves y con Griñán para que reivindicaran a Zapatero lo que recoge el Estatuto de Autonomía, una ley orgánica, decía, «de obligado cumplimiento». Los socialistas recuerdan ahora sus anuncios de recursos al Constitucional por el pago de parte de la deuda histórica en solares en contra, argumentaba, de lo que dice la ley orgánica. Lo recuerdan porque el Presupuesto General del Estado de este año no tiene en cuenta la disposición adicional tercera del Estatuto y consigna para Andalucía 1.859 millones de euros en inversiones, que solo supone el 14,6% del total de las inversiones del Estado. El Estatuto establece que el Gobierno debe invertir hasta 2014 el 17,8% según el porcentaje de población andaluza en el conjunto del país.

Los populares argumentan que los gobiernos de Zapatero nunca ejecutaban lo presupuestado. Es cierto, dejó de invertir casi 1.500 millones de euros entre 2008 y 2009, aunque esta partida está reconocida como deuda estatal con Andalucía, tal como estipula el Estatuto. El PSOE recuerda que ya durante la era Zapatero la Junta impugnó los recursos asignados a Andalucía por otros conceptos al de las inversiones. Izquierda Unida participa del lado del PSOE, pero en ejercicios anteriores también arremetía contra Zapatero por no invertir lo suficiente. «No criticamos que en Andalucía bajen las inversiones en obra pública porque eso es normal en una circunstancia como ésta, lo que sí suscita la enérgica protesta del Gobierno, que lo va a defender política y jurídicamente, es que no se cumpla el Estatuto», dijo Mar Moreno, portavoz en funciones del Ejecutivo. «A quien deben de llevar a los tribunales es a Zapatero», replicó Javier Arenas, culpándole de la «quiebra financiera» que tiene España.

La solvencia andaluza también ha sido objeto de confrontación entre ambos poderes políticos. La primera en poner en duda las cuentas de la administración autonómica fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien tras un Consejo de Ministros mostró su preocupación por la solvencia de la Junta. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, secundó la sospecha gubernamental en un pleno del Congreso.

La polémica subió de tono cuando apareció en el Twitter de Javier Arenas escrito por uno de sus colaboradores que Andalucía estaba en quiebra. El dirigente popular alertó de facturas en los cajones cuando asumiera la presidencia de la Junta. La Junta puso el grito en el cielo. La situación llegó a ser preocupante cuando representantes de la banca citados en la Consejería de Hacienda para negociar deuda pública dieron plantón a su titular. No se fiaban. Montoro moderó su discurso y reconoció que Andalucía ni ninguna otra comunidad estaba en quiebra.

A la incertidumbre no ayudó que el presidente de la Junta dijera en el Parlamento que el déficit andaluz de 2011 rondaría el 1,4% del PIB y su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, le enmendara un día después que estaría en el 3%. Finalmente fue del 3,2%, en la media de las comunidades y aunque la Junta, como todas las administraciones públicas, tiene dificultades de caja para pagar a proveedores, su deuda financiera está por debajo de la media de España.

Tanto PSOE como IU han querido marcar diferencias con el de Rajoy durante la campaña electoral para que se visualizara su defensa del bienestar social, colocando a los gobiernos populares en el lado de los recortes o privatizaciones en sanidad, educación y dependencia. Si fructifica la alianza PSOE-IU, Andalucía será el laboratorio desde el que la izquierda quiera mostrar a España y a Europa que desde una política de izquierdas se puede salir de la crisis sin recortar derechos sociales. Esta es la ambición y el reto del pacto que fraguan ambas formaciones políticas, lo que barrunta que la confrontación, pues, solo acaba de empezar.