Comienza el proceso judicial por el supuesto maltrato a un menor autista

Ayer se inició el proceso judicial por el supuesto caso de maltrato a un menor autista. Una denuncia que interpusieron los padres contra varios profesionales del colegio de Camposoto. Todo ocurrió el 31 de marzo del año pasado cuando el pequeño, que tenía cinco años, salió del colegió con más de una decena de moratones en el cuerpo. Según la versión que se dio desde Educación fue necesaria la intervención de varias personas para evitar que el pequeño se hiciera daño a sí mismo. El personal del centro ya recibió el apoyo de un colectivo de padres que al entender que los docentes actuaron de la forma correcta y que los hematomas que pudiera presentar el menor no fueron causados por la acción de los profesores.

A pesar de los informes elaborados por la administración los padres decidieron seguir adelante con la denuncia al entender que se actuó de una forma incorrecta.

Ayer comenzaron las declaraciones en el juzgado de San José de la ciudad que tendrá qué decidir si da traslado del caso a Cádiz y por tanto si continúa el proceso judicial o no, dependiendo de si se encuentran indicios de delito.

Otros frentes

Y todo ello cuando el progenitor, José Félix del Río, ha abierto una nueva batalla contra la Consejería de Salud. Esta vez para denunciar de forma pública la supresión del reintegro de gastos del tratamiento rehabilitador de su hijo. Un tema que según el padre afecta a todos los niños con trastornos autistas de la provincia. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene fijada una tarifa de 6,14 euros por sesión de tratamiento y por mes completo asciende a 153,64 euros. Desde hace aproximadamente un año, los padres no reciben prestación alguna por este servicio que se encarga de realizar la entidad de Autismo Cádiz (que se enfrenta a una situación que padecen todas las asociaciones de ámbito asistencial). Una medida que se realiza ya que el SAS no cuenta con los medios suficientes para llevarlo a cabo a través de la Seguridad Social.

La propia Consejería de Salud, en los escritos que manda a los padres para autorizar el pago de los tratamientos, asegura que la no prestación del citado tratamientos «podría implicar un daño permanente e irreversible en el paciente desde un punto de vista órgano funcional». Ante esta situación el isleño elevó una queja a la propia Consejería para confirmar la situación, pues teme el desamparo de los pequeños que precisan de dicho tratamiento rehabilitador, como es el caso de su hijo.