La comunidad educativa recibe con incertidumbre la nueva reforma escolar

La reforma educativa que ha propuesto el ministro José Ignacio Wert ha cogido por sorpresa a la comunidad educativa, más por la rapidez en el anuncio que por los cambios que tiene previsto llevar a cabo. La transformación de Educación por la Ciudadanía ya estaba contemplada en el programa electoral del PP y el pasado martes el responsable educativo dejó claro que será sustituida por un temario distinto libre de «cuestiones controvertidas». La materia pasará a denominarse Educación Cívica y Constitucional.

El otro pilar de su reforma es la ampliación de un año de Bachillerato o Formación Profesional que sustituirá al último curso de la Secundaria y, por tanto, será obligatorio. Ese cambio no era tan previsible y podría suponer un importante trastorno dentro en los propios centros. Padres y docentes valoraban ayer los cambios con cierta prudencia. Si bien aún no se ha llegado a concretar cómo se llevarán a cabo, manifiestan la necesidad de alcanzar un acuerdo con políticos y agentes educativos para que sea una «transformación definitiva y no se planteen nuevos modelos por otro vuelco electoral».

El fracaso escolar es uno de los principales problemas que acarrea la provincia, con un índice del 30% y según los datos de las últimas pruebas de diagnóstico no parece que el nivel vaya a mejorar. Precisamente esta ampliación de las enseñanzas postobligatorias está pensada para que los alumnos «tengan más flexibilidad a la hora de elegir su futuro profesional», señaló el propio José Ignacio Wert durante su intervención.

Pero los directores de centros no lo ven tan claro. En primer lugar porque destacan la importancia de que «vaya acompañado de una serie de recursos económicos» que hoy día son difíciles de asumir por las comunidades. Además, insistieron en que «ya se realiza una labor de orientación en el último curso de la Secundaria». Para el director del IES Sancti Petri de San Fernando, Alfonso Jiménez, no supone una gran novedad. Asegura que «durante el último año de la ESO los alumnos pueden dirigir su formación con optativas para definir el camino que tomarán: el Bachillerato o la FP». Explica que se trata de una simple organización interna y a la hora de afrontar el cambio «es necesario mirarlo con cierta reflexión para atajar el problema de fondo, que es el abandono y el fracaso escolar».

El profesor Jiménez recalca la importancia de que se dé continuidad a los modelos propuestos y en este asunto la opinión es generalizada. «Raro es el curso en el que no se introduce algo nuevo», destaca Francisco Vaca, director del IES Columela, que se muestra más confiando en la efectividad de esta medida. La Asociación de Directores de Andalucía, de la que forma parte, ya lo ha reclamado y asegura que «puede contribuir a darle más definición al sistema educativo y mejor orientación al joven de 15 años que tiene que decir su futuro».

Por supuesto, «ha de ir acompañado de un presupuesto» ya que habrá que reubicar materiales y profesores, para los que también supondrá un esfuerzo añadido, recalca el docente. La única duda que le asalta es su puesta en marcha y el temor a que se convierta en un sistema poco flexible. Advierte Francisco Vaca de que «sería importante facilitar una opción para volver atrás y que el estudiante pueda cambiar su orientación si así lo desea».

Concertados

Para los centros concertados el problema puede ser mayor ya que un buen número de ellos no tiene Formación Profesional o Bachillerato conveniados con la Junta. El director del centro de Salesianos en la capital, Javier Pérez Luna, señala que «la reforma es necesaria», pero hay que plantearla desde la reflexión. «El mejor indicador de que no estamos haciendo las cosas bien son los números de fracaso escolar y abandono, totalmente inadmisibles». En su caso las enseñanzas están unificadas, con lo que no supondría un cambio estructural, sin embargo, insiste en que «es demasiado pronto para saber si tendrá alguna repercusión sobre los alumnos». Javier Anso, director del Colegio San Felipe Neri, también se muestra su preocupación por este nuevo modelo y por lo que pasará con los centros que no ofrezcan todas los tipos de enseñanzas. Anso reconoce que «hay muchos aspectos positivos, pero su puesta en marcha puede ser difícil, además del desembolso económico que supone», y tal vez no sea el mejor momento para asumir nuevas inversiones económicas.

Los padres también asumen los cambios con cierta incertidumbre. Ana Castilla, presidenta de la federación gaditana de asociaciones de padres y madres (Fedapa), el colectivo mayoritario en la provincia, asegura que «la reestructuración no es la solución». Según explica, «el fracaso no se produce en el último curso de Secundaria, ya hay signos antes y es ahí donde habría que introducir los cambios».

En cualquier caso, insiste en que «suprimir un curso de la ESO no contribuye a mejorar los resultados». El grupo de padres y madres de alumnos de centros concertados también manifestaron su incertidumbre por la manera en la que se ha planteado una reforma de estas características. Francisco Beltrami es el vocal en Cádiz de Concapa y presidente de la federación andaluza. Bajo su punto de vista, este cambio puede generar un «desbarajuste» en los colegios y «es un tema delicado para hacerlo a la carrera».