Administración paralela

Una gran parte de las empresas y fundaciones públicas que han creado tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos están cuestionadas. Dos son los aspectos principales que suscitan duda: el sistema de contratación de su personal y el fin para el que se crean. En lo referente a personal, la colocación en estas empresas no ha seguido los mismos criterios que para contratar a funcionarios, al contrario, la asignación de los puestos de trabajo ha gozado de un amplio grado de discrecionalidad que ha suscitado abundantes recelos y acusaciones de enchufismo. La selección del personal de estas entidades debería haberse regido por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben de imperar en todo el sector público. Además, han sido reubicados en la dirección de esas empresas muchos políticos inexpertos, sin tener en cuenta su profesionalidad y eficacia, lo que ha provocado tremendos errores en la gestión y despilfarro de los recursos invertidos.

En relación con los fines de estas entidades, lo normal sería que pretendieran fomentar la actividad económica en sectores clave donde falte la iniciativa privada o agilizar la gestión de la administración en aquellos otros donde encorsetadas reglas administrativas dificultan una gestión eficiente. Sin embargo, se ha producido una excesiva proliferación de empresas públicas, principalmente autonómicas o locales, en paralelo al aumento desmesurado de las deudas de estas administraciones. Además, su contabilidad escapa al adecuado control público y su endeudamiento no computa en el déficit de la administración que la sostiene. Ello ha contribuido a extender la opinión de que algunas de ellas son utilizadas para financiar a la administración de la que dependen y enmascarar sus déficits. Esta realidad debió verla también el anterior Gobierno de la Nación cuando en marzo de 2.010 firmó con los gobiernos regionales el 'Acuerdo marco para la sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas y locales', en el que se comprometían a suprimir 514 entidades. Hasta ahora ha faltado voluntad política para dar cumplimiento a dicho pacto. Ejemplo de ello es Andalucía que debía eliminar 111 empresas y sólo ha suprimido 5. Ahora el actual Gobierno pretende hacer cumplir el acuerdo y tapar así otro agujero en las cuentas públicas, pero inexplicablemente ha aplazado su decisión ¿Por qué?