Bruselas duda de la lucha contra el fraude como mecanismo recaudador

El plan de lucha contra el fraude fiscal para 2012, la medida estrella que anunció el Gobierno el pasado jueves dentro de su ofensiva para recortar el déficit, ha sembrado en Bruselas más dudas que certezas.

La Comisión Europea, que vigila el cumplimiento de los planes de consolidación fiscal comprometidos por los países UE para recuperar la estabilidad presupuestaria, cuestionó ayer la idoneidad de incluir el combate contra la economía sumergida y la evasión de impuestos entre los mecanismos que deben asegurar el saneamiento de las cuentas de las administraciones públicas. El motivo es que los ingresos que el Estado aspira a obtener por esa vía, 8.171 millones de euros en el conjunto de este año, según detalló la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, «no están garantizados».

La Comisión Europea ya ha criticado en ocasiones anteriores el anuncio de estas políticas por la escasa seguridad que ofrecen de que se cumplirán los objetivos. El motivo es que los mercados, los acreedores, los organismos internacionales y analistas suelen obviar estas predicciones de aumentos de ingresos que no están ligadas a medidas de calado, como pueden ser subidas de impuestos. A la hora de formular sus previsiones sobre cómo evolucionarán los números rojos de una economía, estos expertos solo toman en cuenta los recortes puros y duros -que supondrán ahorros-, los posibles aumentos de la actividad y los incrementos tributarios concretos y cuantificables, que harán llegar más dinero a las arcas públicas.

En el caso del último plan general de control tributario que analizó el Consejo de Ministros el jueves existe un elemento adicional que puede aportar incertidumbre. Alcanzar la meta anunciada por el Ejecutivo e ingresar 8.171 millones sería, en realidad, un retroceso respecto del trabajo realizado en años anteriores, que retrotraería a 2009 la recaudación por esa vía. En 2011 la cantidad obtenida fruto de actuaciones contra el fraude ascendió a 10.400 millones, según la primera estimación anual publicada en noviembre por la Agencia Tributaria (la cifra definitiva se conocerá a finales de mes o en febrero). En 2010 fue de 10.043 millones y en 2009, de 8.119 millones.

El portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly, fue el encargado de expresar las dudas de Bruselas. Bailly lamentó el «desvío considerable» en 2011 del déficit de la economía española sobre el objetivo comprometido ante sus socios: 8% frente al 6% estimado hace un año. Y se mostró muy cauto a la hora de juzgar las últimas publicitadas por el Gabinete de Mariano Rajoy. En su opinión, el resultado esperado de la ofensiva contra el fraude «es una cifra no garantizada, porque al final se necesita aplicar (el plan) y no se puede estar seguro desde el principio de que se llegue» al objetivo.

Prudencia

«No sé si en el caso de España la cifra es creíble o no. Lo que es cierto es que la Comisión Europea ha mostrado esta preocupación a los países que han planteado este tipo de iniciativas», especificó.

El representante de la Comisión Europea dejó claro que respalda todas las medidas para combatir el fraude que se pongan en práctica en el seno de los Veintisiete. Bruselas, subrayó, ha animado a avanzar en ese campo a los países cuyas finanzas han sufrido más en esta crisis, en particular a los rescatados Grecia y Portugal. Pero de ahí a que el Ejecutivo comunitario dé por buenas las previsiones de ingresos que acompañan a cada uno de los planes contra la evasión que aprueban los socios hay un abismo. «Somos muy prudentes», subrayó Olivier Bailly.

Con la misma precaución, la Comisión saludó el conjunto de iniciativas para reducir el déficit anunciadas por el equipo de Mariano Rajoy tras sus dos últimas reuniones, que incluyen ajustes de gastos y un incremento del IRPF. «Dimos la bienvenida a las medidas anunciadas por el Gobierno español el 30 de diciembre, y también saludamos la presentada ayer (por el jueves)». «Ahora tenemos que estudiarla con más detalle», afirmó en alusión al plan antifraude.

Bailly rechazó opinar acerca de los polémicos mecanismos de control previo que la administración central del Estado pretende introducir sobre los presupuestos de las comunidades autónomas y que el ministro de Economía, Luis de Guindos, desveló esta semana en una entrevista al Financial Times. «No tengo ningún comentario que hacer al respecto», zanjó el portavoz de la Comisión.