La Junta dice que es un asunto «entre particulares» aunque el edificio esté protegido

La Junta de Andalucía también escurre el bulto. El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Paulino Plata, aprovechó su visita institucional ayer a Cádiz para admitir que conocía oficialmente la orden judicial para el desalojo del colegio Valcárcel. El antiguo hospicio, construido en el siglo XVII, está ocupado por el movimiento 'Valcárcel Recuperado' desde hace medio año, desde el día 18 de junio. El representante de la Junta de Andalucía se dio por enterado de una orden del juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz que conmina a los ocupantes a dejar el inmueble.

A pesar de que el edificio está protegido como Bien de Interés Cultural desde los años 80 y, por tanto, la administración autonómica debe velar por su conservación y protegerlo de potenciales atentados, Paulino Plata no pasó ayer de darse por enterados y evitó pronunciarse a cualquier otro respecto puesto que calificó el conflicto como «un asunto entre particulares». Esa calificación viene derivada de que la denuncia que ha propiciado la actuación judicial en marcha procede de una empresa privada, la promotora Zaragoza Urbana que iba a reconvertir el histórico edificio viñero en un hotel de cinco estrellas. A finales del pasado año, esta firma anunció que renunciaba al proyecto por cuestiones financieras. Incluso, anunció su intención de renunciar al acuerdo de cesión entre Diputación y Zaragoza Urbana pero esa cancelación no ha llegado a ejecutarse.

La Junta de Andalucía, a través de la propia Consejería de Cultura, llegó a enviar a técnicos el pasado septiembre para que comprobasen que no había daños. Así lo certificaron.