El fiscal solicita fianzas por 2,8 millones a 14 intrusos imputados en los falsos ERE

La jueza Mercedes Alaya podría decidir hoy o en el plazo de cinco días la petición de la fiscalía de fianzas a los 14 imputados hasta ahora en el fraude de las prejubilaciones falsas en los expedientes de regulación de empleo (ERE). Alaya escuchó ayer al fiscal anticorrupción Juan Enrique Egocheaga solicitar como medida cautelar contra estos imputados avales por importe global de 2,8 millones de euros, lo que supuestamente han defraudado a las arcas públicas. Sus prejubilaciones han sido pagadas por la Junta de Andalucía.

En la misma audiencia sobre medidas cautelares, el letrado de la Junta subió la cantidad reclamada a tres intrusos según la póliza satisfecha por la administración, sumando 750.000 euros a la anterior cantidad. En total, los 14 intrusos deberían hacer frente a 3.295.000 euros si la magistrada atiende ambas peticiones. Los abogados de todos ellos rechazaron la actuación al defender su inocencia.

El intruso al que el fiscal pide una mayor fianza es Antonio Arquero García, vecino de El Pedroso y amigo del exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero. Según el fiscal debería ingresar 570.000 euros. A otro exsocialista ligado a El Pedroso, Alejandro Millán, le exige 450.000 euros. Juan Manuel López Espadas y Antonio Márquez Sánchez, vecinos de Camas y relacionados con el exdelegado de Empleo, Antonio Rivas, son los de fianzas menores: 75.000 y 80.000 euros, respectivamente.

Hasta ahora la magistrada ha citado una treintena de imputados en el caso, pero sólo ha tomado declaración y formalizado su acusación a 14 de ellos. En su exposición ante la juez, el fiscal anticorrupción esgrime que las cantidades exigidas pueden ser aumentadas si en la investigación se descubren nuevos «enriquecimientos ilícitos» de los acusados o que hayan favorecido los de otros. El fiscal considera que deben abonar estos avales para asegurar «las posibles responsabilidades civiles derivadas de los distintos actos ilícitos».

En el auto que convocaba la audiencia para ayer, la juez justificó la demora en la petición de fianzas al considerar que los que han prestado declaración judicial hasta ahora están en «el escalón más bajo de la pirámide». Alaya agrega en dicho auto del 2 de noviembre que por encima de ellos están «altos cargos de la Junta de Andalucía, intermediarios, abogados, aseguradoras, sindicatos y empresarios».

Para la magistrada sería un «agravio comparativo» exigir a los intrusos un aval y no poder hacerlo por ahora a los que «han propiciado con su actuación manifiestamente desleal e ilícita este uso corrupto de fondos públicos».

Altos cargos

Ninguno de los exaltos cargos de la Junta señalados por la juez como responsables -el exconsejero Antonio Fernández, el exdirector general Javier Guerrero y el excelegado de Empleo Antonio Rivas- han declarado hasta ahora y por tanto no figuran entre los 14 imputados, aunque sí varios exmilitantes socialistas, como el exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, a quien el fiscal reclama 150.000 euros.

El letrado de Rosendo rechaza esta medida toda vez que su defendido depositó ayer 112.900 euros, lo que según datos de la Junta percibió de forma ilícita.

El abogado en representación de la acusación ejercida por el PP solicitó que los requerimientos que se hagan a las aseguradoras para la retención de los importes pendientes de abonar a los acusados, se le ordene el ingreso de estas cantidades en el juzgado.