Editorial

Ventana de transparencia

El patrimonio de los parlamentarios permite a los ciudadanos reconocerlos como iguales

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La publicación del registro de intereses de diputados y senadores en las páginas web de ambas cámaras dio ayer cumplimiento a lo previsto en el artículo 160 de la ley electoral para que la ciudadanía pueda conocer la situación patrimonial y de rentas de sus electos, así como las actividades que desarrollan en compatibilidad con sus cargos. Las visitas que de inmediato recibieron ambos sitios reflejaron el interés ciudadano que despertó la noticia. El carácter público de las declaraciones efectuadas por los parlamentarios y su actualización abre una ventana de transparencia sobre lo relevante, que es la evolución de su patrimonio personal durante el tiempo que ocupan el escaño, aunque resulte inevitable que la mirada escrutadora se deslice también hacia las posesiones y ahorros previos a su condición de diputados o senadores. Pero una vez saciada la curiosidad es obligado devolverles la intimidad que se merecen en su condición de ciudadanos libres y la dignidad que les confiere su papel institucional. Entre otras razones porque el registro de sus intereses muestra al parlamentario con un perfil equiparable, en cuanto a sus circunstancias económicas y patrimoniales, a cualquier otro ciudadano con una trayectoria vital y profesional análoga. El recurso coloquial a proyectar sobre los políticos profesionalizados sombras de sospecha o comentarios de desdén forma parte de la hipocresía social, representando una constante dañina para la dignificación de la política. La naturaleza demagógica de tal inclinación queda demostrada por el hecho de que los electores pasan antes por alto los casos flagrantes de corrupción que los errores cometidos sin dolo por parte de los responsables públicos. No hay mejor democracia que la parlamentaria, y esta se encarna mediante la elección periódica de quienes ocupan los escaños del poder legislativo. Podría decirse que los diputados y senadores perciben por su tarea unos ingresos inferiores a la responsabilidad que ostentan como legisladores. Si acaso el problema es que desarrollan su función de forma excesivamente gregaria en cuanto a las directrices de su respectivo partido.