El PSOE impide un pleno exclusivo sobre los ERE en el Parlamento

La bronca política en Andalucía sigue centrada en un único asunto: los ERE. El PSOE volvió ayer a quedarse solo en la defensa de su estrategia en este asunto. La Junta de Portavoces rechazó por la mayoría socialista que el Parlamento celebre un pleno extraordinario sobre el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE). La petición partió del PP, pero también fue respaldada por Izquierda Unida. Ambos partidos han defendido sin éxito una comisión de investigación en la Cámara sobre posibles responsabilidades políticas en la trama destapada en la Consejería de Empleo para infiltrar de forma ilegal a personas en las prejubilaciones pagadas por la Junta. Hasta ahora la propia Junta ha descubierto a 72 intrusos y sopesa en alrededor de nueve millones de euros el fraude a las arcas públicas.

Pero el PSOE sigue insistiendo en que PP e IU no buscan que se averigüe la verdad, sino «hacer daño a cualquier precio» al Gobierno de Griñán, según el portavoz socialista, Mario Jiménez. Para este, el pleno «no es necesario» porque el Gobierno, incluido Griñán, ya contestan y da información en todos los plenos a las cuestiones planteadas por la oposición sobre los ERE. Con esta premisa, Jiménez se enfrentó a Esperanza Oña (PP) y Diego Valderas (IU) en una bronca junta de portavoces en la que la dirigente del PP volvió a acusar a los socialistas de «tapar la corrupción» y «boicotear» la información que piden los partidos y que reclama la justicia. «La corrupción tiene que aflorar», dijo Oña.

El lugar del delito

Valderas volvió a mostrarse beligerante con el PSOE en este asunto, incluso con una actitud más dura que el PP sobre la negativa de la Junta a enviar a la jueza que instruye el caso, Mercedes Alaya, las actas completas de los consejos de Gobierno de la última década. El líder de Izquierda Unida ha exigido al Gobierno de Griñán que levante la reserva de las actas y remita su contenido a la jueza. Para Valderas, la negativa supone «poner palos a la rueda de la justicia». En su opinión, la petición de la magistrada señala «el lugar del delito» y las posibles responsabilidades políticas en la trama de los ERE. La portavoz del PP-A, Rosario Soto, también exigió a la Junta que envíe las actas, aunque se hizo un pequeño lío. Por un lado, dijo que estas no son reservadas, como sostiene el Gobierno andaluz, porque no contienen deliberaciones ni votos individuales. Pero por otro, agregó que, en todo caso, «la Junta puede decir que no le remite la parte que considera reservada», según recoge Efe.

El Gobierno andaluz ha propuesto a la jueza que concrete y motive la información que quiere de los consejos de Gobierno y se la mandará con copia certificada, pero se niega a remitirle las 488 actas en bloque de los últimos diez años porque entiende que ello «vulneraría la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma», reiteró ayer la consejera de Presidencia.

El temor del PSOE de que las actas se conviertan en el 'WikiLeaks' de la Junta fue manifestado ayer a las claras por el portavoz socialista, Mario Jiménez. Este hizo un reproche a la jueza Alaya al lamentarse de las filtraciones a la prensa del contenido de la documentación que la Junta envía al juzgado. «Causa estupor y preocupación que toda la información que envía la Junta al Juzgado está a los cinco minutos en los medios de comunicación», dijo.

El caso Gürtel y Arenas

Jiménez también exigió ayer explicaciones ante la justicia a Javier Arenas por el 'caso Gürtel'. Jiménez dijo que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, imputado por cohecho y delito fiscal en la trama, ha señalado a Javier Arenas «como responsable de las contrataciones con la red Gürtel» cuando era secretario general del PP en el año 2000.

Mario Jiménez cree que Javier Arenas está en el «centro de la trama» del Gürtel y añadió que participó «directamente en las contrataciones con empresas implicadas en la trama de corrupción». Por ello, cree que debe «comparecer inmediatamente» ante el juez que instruye la investigación y explicar «su implicación».