Cortés en la tribuna de invitados del Congreso con la portavoz del PP Soraya Sáenz de Santamaría. :: EFE
polémica

El PP responsabiliza del fraude en los ERE a tres consejerías

El PSOE acusa a los populares de pretender que la jueza instructora del caso haga una causa general contra los socialistas

Sevilla Actualizado: Guardar
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El Partido Popular está convencido de que el fraude de los ERE es mayor de lo dicho hasta ahora. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, amplió ayer el foco de la sospecha a tres consejerías. «No es sólo la golfería de un director general (Guerrero, que fue titular de la de Trabajo y Seguridad Social)», ni de una consejería, la de Empleo. Sanz culpa de las irregularidades a otras tres consejerías y, en su habitual comparecencia de los lunes ante la prensa, dio nombres y apellidos de los responsables y ex responsables de estas que, en su opinión, forman parte de la trama. El PSOE contraatacó acusando a los populares de querer que la jueza que investiga el fraude haga una «causa general» contra el Gobierno andaluz.

Las acusaciones de Sanz tienen su base argumental en el auto de la jueza instructora Mercedes Alaya reclamando a la Junta actas de las reuniones de los consejos de dirección de las consejerías de Empleo, Hacienda e Innovación y Ciencia. Estas son las consejerías que por ley debían conocer los informes de la Intervención General de Hacienda alertando de anomalías en el modelo administrativo para pagar las prejubilaciones, que según la policía era un procedimiento ilegal, mientras la Junta sostiene que es legal aunque pueda ser discutible. En su auto del pasado día 21, la jueza Mercedes Alaya considera que la Junta actuó de forma pasiva ante las advertencias de incumplimiento de la ley por parte de la Intervención y que esta debió emitir un informe de actuación pues había menoscabo de dinero público.

Siete informes

Sanz manifestó ayer que estos informes podrían ser siete (uno por cada año desde 2001) y no tres como hasta ahora ha dicho la Junta (2005, 2006 y 2007). Para el PP está claro que la trama es muy amplia y que los responsables de las citadas consejerías debieron conocer las alarmas de la Intervención. El número dos del PP cree que entre los responsables de la Consejería de Hacienda hay sospechas sobre la actuación de Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo. Los tres han sido titulares de este departamento desde 2001 a la actualidad.

Sobre el de Economía e Innovación, apunta en la lista de sospechosos al ex consejero y ahora senador Francisco Vallejo, pero también a Antonio Ávila, actual titular, aunque desde hace sólo un año cuando el procedimiento para pagar los ERE ya se había empezado a modificar. Sanz obvió mencionar los titulares de Empleo porque «son de sobra conocidos». Se refiere a Antonio Fernández, imputado por la jueza, y a José Antonio Viera, también senador como Vallejo.

En cualquier caso, para el PP los verdaderamente responsables del fraude son el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, y su actual titular, José Antonio Griñán, que para Sanz debió conocer los informes de Intervención. «Cada día se cierra más y se encorsetan más las posibilidades de que Chaves y Griñán se escapen de su culpa», dijo.

El PP insiste en que también sean investigados los ERE muertos, que este partido calcula en 190, y las ayudas a las empresas y ayuntamientos socialistas. Hasta ahora, la Junta sólo ha revisado los expedientes vivos, los que aún paga, que son en total 68. En 32 de estos se ha encontrado irregularidades y en 24 se han detectado 72 intrusos o personas que sin derecho a ello cobran una jubilación anticipada. El fraude según la Junta alcanza algo más de nueve millones de euros. Para el PP, es mucho mayor.

La portavoz y presidenta del PSOE andaluz, Rosa Torres, criticó que el PP pretenda que la instructora del caso haga una causa general contra los socialistas. «Estamos seguros de que la juez no es eso lo que quiere hacer». Torres , siguiendo la consigna del Gobierno y de la dirección del PSOE, no entró a polemizar con la magistrada pese a que la profusa petición al Gobierno de documentación (más de 120.000 folios le fueron enviados el viernes) coloca a los socialistas en una comprometida situación.

«Si decide seguir investigando está en su derecho, es su cometido y está cumpliendo con su trabajo», indicó en referencia a la jueza.