CÁDIZ, LA ISLA DE LOS NIÑOS PERDIDOS

Ahora que se cumplen cien años de Peter Pan, habrá que averiguar de una vez por todas quien es el Capitán Garfio y qué ha hecho con los niños perdidos. Medio millar de denuncias por el secuestro de bebés dibujan, a escala estatal, varias escalofriantes tramas que se remontan, desde la posguerra civil a los balbuceos de la transición democrática. Y Cádiz aparece, en muchas de estas demandas, como el punto de partida o de llegada de algunos de aquellos niños que, durante décadas, dieron nombre a nichos vacíos.

El próximo lunes 4 de abril, la sala Box, en la calle Severo Ochoa de Chiclana, a las 17 horas, la asociación Anadir, que reúne a los afectados por adopciones irregulares, ha convocado un encuentro de familias que crean que pudieran haber sido víctimas de ese formidable negocio de compraventa de recién nacidos. Su presidenta andaluza, Chary Herrera, denunció en julio a la Fiscalía de Cádiz el posible robo de su hermana en 1975 en la entonces residencia sanitaria Fernando Zamacola, a la que paradójicamente daba nombre un falangista de El Puerto con fama de cruel.

Diversos indicios apuntan a que 176 familias podrían haberse visto afectadas en la provincia por la desaparición de sus criaturas: casi siempre de noche, muertas al poco tiempo de nacer, sin un control efectivo de su cuerpo, manipulando y falsificando documentos. Ese es el caso de Luisa Fernanda Terrazas y Francisco Tocón, de Jerez, que perdieron en dos semanas a sus dos hijos, un niño y una niña, mientras estaban en la incubadora. Un bulto lejano era la pequeña, según su padre. El niño duró más. Les dijeron que murió de un ataque al corazón, pero en el certificado de defunción, cuya firma no se corresponde con la del padre, ponía neumonía. Y le siguieron medicando, según los partes, un día después de su muerte oficial. Intentaron mover el asunto en 1989, pero un abogado les disuadió. Ahora, acaban de recibir la llamada de un valenciano que podría ser su hijo, aunque tendrán que esperar a las pruebas de ADN.

Con esta cumbre, en Chiclana, Anadir pretende informar a los afectados, pertenezcan o no pertenezcan a la asociación, de los trámites a seguir para lograr la documentación necesaria para interponer una denuncia en Fiscalía, así como del transcurso de las investigaciones que realiza la Policía Judicial, por orden de la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, que se apresuró a recurrir el auto de archivo de una de las primeras denuncias presentadas en Cádiz.

A comienzos del presente mes, el Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz decidió archivar una denuncia que había sido interpuesta a 7 de julio de 2010 ante la propia Fiscalía por Francisca Pinto, una vecina de Arcos que dio a luz a una niña en Zamacola en febrero de 1979, y a la que le comunicaron que su pequeña murió al día siguiente. Ya en 1993, Francisca abrió en presencia de un notario la fosa del cementerio de San José de Cádiz en la que en la residencia le dijeron que habían enterrado a su hija. Y el notario certificó que se trataba de un osario con cadáveres de adultos, aunque había uno que correspondía a un feto pero enterrado con notable anterioridad a la fecha de aquel parto. Tras presentar la primera denuncia ante el juzgado de Arcos fue remitida al de Cádiz ese mismo año y sin que hubiese diligencia de investigación, la causa fue archivada «al no aparecer debidamente justificado el delito» que se imputaba, el de sustracción de menores. La Fiscalía solicitó, en julio del pasado año, la reapertura de la causa que el juzgado desestima ahora «por prescripción del delito», en contra de los argumentos del ministerio público, que sostenía un supuesto de detención ilegal cuya responsabilidad no prescribe. El juez entiende que ya no ha lugar a otros supuestos como falsedad documental, usurpación del estado civil o suposición de parto y que, ante una hipotética sustracción de menores e incluso venta de niños, estima que debe aplicarse el Código Penal de 1995 siendo en cualquier caso la pena máxima que podría imponerse de cinco años y la prescripción del mismo se encuentra fijada a los diez años. Y dado que la niña habría cumplido los 18 años en febrero de 1997, el plazo de prescripción del delito habría vencido en febrero de 2007, por lo que decreta el archivo «por extinción de responsabilidad criminal», entre otras causas.

La Fiscalía ha presentado recurso en tiempo y forma. Ángeles Ayuso entiende que el plazo de responsabilidad penal que el juez limita a la mayoría de edad del afectado es más amplio. Y asegura que los posibles autores que aún viven podrían ser funcionarios adscritos a los servicios públicos de salud y cuyas penas de inhabilitación son más largas. El juez Escalona descarta la hipótesis de grupo organizado y entiende que, en cualquier caso, la responsabilidad de la sustracción del bebé podría concernir a un particular que pretendiera lucrarse con tan sucio negocio.

Claro que, en tiempos, sobre todo con anterioridad a los años 70, muchos hospitales pretendieron ahorrar los costes de su entierro introduciendo sus cuerpos sin vida en ataúdes de personas que hubieran fallecido como consecuencia de una enfermedad infecciosa y que, por ello, no merecieron inspección alguna. El periodista jerezano Paco Lobatón dirige y presenta el programa sobre «Niños robados», que mañana emitirá Canal Sur. No en balde, en 1996 y a través de su programa «¿Quién sabe dónde?», Lobatón impulsó la creación de ANDAS, la primera asociación dedicada a este asunto que hoy permanece inactiva aunque contara en su día con 5.000 socios. Ojalá con Anadir no ocurra otro tanto y su esfuerzo actual llegue a buen puerto.