La jueza que investiga a la Junta

La personalidad de la juez o jueza (la Real Academia de la Lengua admite los dos términos) que ha colocado el foco de la corrupción política en el Gobierno de la Junta y en el PSOE de Andalucía, tras treinta años de hegemonía en la Comunidad sin muchos sobresaltos en este aspecto, es difícil y complicado de trazar. Sobre todo porque lo primero que se averigua de la magistrada Mercedes Alaya Rodríguez (1963) es su carácter hermético y distante incluso con sus colegas, sean jueces, abogados o fiscales, y no digamos con los periodistas que frecuentan los juzgados de la Audiencia de Sevilla. «Nunca saluda, ni siquiera cuando le dices buenos días de forma educada te contesta», comenta uno de ellos. «Te dejan entrar a su despacho, le preguntas algo y ni siquiera se molesta en levantar la cabeza para responderte», explica otro asiduo de los juzgados sevillanos.

¿Sabe qué aficiones tiene?, le pregunto a un magistrado que fue compañero suyo de promoción en la Universidad de Sevilla, donde estudió Derecho en los ochenta. «No se, no somos amigos», responde. Un halo de misterio rodea a la jueza más famosa de Sevilla, una ciudad por cierto con fama de chovinista donde todo el mundo parece haber hecho un máster de relaciones públicas. Mercedes Alaya debe ser la excepción. Pero no le hace falta. Pese a la fama de antipática con la prensa es la jueza andaluza con más admiradores en las redes sociales. Un perfil creado con su nombre -'Jueza Mercedes Alaya'- triunfa en 'Facebook', donde cuenta con más de mil cien seguidores. Un éxito mediático que no se debe sólo al caso del fraude en las prejubilaciones pagadas por la Junta en la última década, sino sobre todo a otro de mucho más impacto en la sociedad sevillana, la investigación que ha colocado contra las cuerdas al ex presidente del Betis, el otrora todopoderoso Manuel Ruiz de Lopera.

Vitoreada y llamada loca

En un auto de julio del pasado año, que la prensa sevillana calificó sin ambages de «valiente», la juez Alaya dejó a Lopera sin control sobre el Betis al impedir su venta a una sociedad supuestamente testaferro del ex dirigente. La jueza investiga un posible delito societario y, mientras tanto se averigüe su alcance, ha hecho derivar el control del Betis hacia una gestora que preside el ex futbolista Rafael Gordillo. Como era de esperar en un mundo tan pasional como el fútbol, su actuación ha suscitado odios y amores, unos la vitorean y otros la han llegado a tachar de «loca».

Este caso más que el de Mercasevilla, del que ha derivado el de los ERE, y sobre el que llevaba trabajando desde la primavera de 2009, le catapultó como juez estrella, pese a que huye de los focos mediáticos como un gato del agua. Hasta que el reparto de la instrucción ordinaria le llevó a su mesa la denuncia de los concejales del PP del Ayuntamiento de Sevilla, entre ellos el también juez Juan Ignacio Zoido, candidato a la Alcaldía, Mercedes Alaya era una magistrada como otros inmersa en la rutina y con una trayectoria profesional vinculada casi por entero a Sevilla.

Alaya ingresó en la carrera judicial en 1988, siendo su primer destino el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Carmona, donde estuvo hasta 1990. Ese año pasó al número 4 de Fuengirola, también de Primera Instancia. Dos años después, en plena Expo, pasó al 20 de Primera Instancia de Sevilla, ciudad desde la que ya no se movería. En 1998 se convierte en titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

Ocupa el despacho del magistrado Ángel Márquez Romero. Nada de particular, sino fuera porque, qué paradoja de la vida, Márquez es el magistrado que instruyó el caso Juan Guerra, el que más dolores de cabeza diera al PSOE en los noventa. Este, y el caso Ollero, habían sido los dos únicos grandes escándalos de corrupción que han salpicado al PSOE en sus 29 años de gobierno en Andalucía. Hasta que se destapó el escándalo de los prejubilados falsos. Todo partió, como se sabe, del supuesto soborno de directivos de Mercasevilla a dos empresarios de hostelería. Bien es cierto que el soborno no lo destapó la jueza Alaya. Lo denunció el Gobierno de Chaves a la Fiscalía. Esta investigaba el soborno cuando el caso llegó a la jueza vía denuncia del PP. Pero sí fue Alaya la que dirigió las pesquisas que han dado con la trama para colocar intrusos en los ERE. Por el camino ha abierto otros dos procesos relacionados con Mercasevilla. Al día de hoy, la magistrada ha imputado por varios presuntos delitos, entre ellos el de tráfico de influencias, a más de una decena de cargos socialistas del ayuntamiento sevillano y de la Junta, entre ellos el viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández.

Trabajadora y vehemente

La instrucción de este caso no ha sido un camino de rosas para la magistrada, que debió superar una recusación de los imputados cuando se supo que su marido había auditado la empresa pública que investigaba, Mercasevilla. También saltó a los titulares de la prensa las quejas de algunos abogados del caso, quienes acusaron a la magistrada de ser excesivamente inquisitorial en los interrogatorios con sus defendidos y pidieron por ello que estos se grabaran en vídeo. La jueza no se arredró y les respondió en un auto que querían convertir el proceso en una comparsa. Alguno criticó su forma de indagar, argumentando que va más allá de la instrucción y que a veces se excede en lo que llama investigación prospectiva, un a ver lo que encuentro.

Algunas fuentes señalan que tampoco se lleva bien con la Fiscalía, aunque los fiscales, lo mismo que sus compañeros jueces, reconocen que es una buena instructora, seria, rigurosa, muy trabajadora y elogian su profesionalidad. Le gusta no dejar ningún cabo suelto y dirige personalmente todas las tareas de la investigación de forma metódica.

No le gusta que le ayuden. Varias fuentes consultadas coinciden en su carácter fuerte, vehemente y también autosuficiente. De hecho ha rechazado que la liberen del reparto de asuntos ordinarios pese al cúmulo de trabajo con los casos Mercasevilla, ERE y Lopera. El pasado año estuvo liberada del reparto tres meses, pero este no ha querido. Aunque algunos de los que la conocen la sitúan en un segmento conservador, no está adscrita a ninguna asociación judicial que se sepa. Es valorada y respetada por sus funcionarios y nunca han llegado quejas sobre ella a las altas instancias judiciales.