ESPAÑA

Los ayuntamientos del PP privatizarán sus televisiones

La medida, incluida en su programa electoral, es parte de un plan de austeridad que reduce altos cargos, coches oficiales y móviles

MADRID. Actualizado: Guardar
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Las televisiones municipales tienen sus días contados, al menos en los ayuntamientos que gobierne el PP tras el 22 de mayo. El partido que preside Mariano Rajoy ha incluido en su programa para los comicios municipales la promesa de que las administraciones locales tengan libertad para permitir la entrada de capital privado en las cadenas públicas a su cargo. Los populares abren así la puerta a la privatización de estos canales para evitar que los ayuntamientos tengan que asumir las importantes pérdidas económicas que conlleva su gestión.

Se trata de una de las medidas estrella incluidas en el plan de austeridad que los alcaldes populares pondrán en práctica la próxima legislatura con el objetivo de eliminar todo gasto «superfluo». Los populares continuan con esta iniciativa la batalla que comenzaron el año pasado en el Congreso para lograr la privatización de las televisiones públicas.

El PP pretende modificar la norma de comunicación audiovisual para otorgar a las comunidades la potestad de decidir sobre el modelo de sus cadenas. La ley, vigente desde 1983, impide transferir la gestión «total o parcialmente, a terceros, correspondiendo directa e íntegramente el desarrollo de la organización, ejecución y emisión del tercer canal a la sociedad anónima constituida al efecto en cada comunidad».

Además de privatizar los canales locales, el PP apuesta por reducir el número de altos cargos, puestos de libre designación y personal eventual tanto en ayuntamientos como en empresas y entidades públicas municipales, aunque sin concretar en qué porcentaje. Los alcaldes populares, además, deberán establecer un marco de referencia para los salarios de los cargos políticos para que se adecúen a las responsabilidades que ostentan. El programa también propugna el 'adelgazamiento' del parque móvil. Pero en todos los casos son planteamientos generales, sin entrar en concreciones de cifras.

El PP quiere que los ayuntamientos aprueben un plan estratégico de racionalización del gasto corriente a cuatro años vista con la finalidad de «mejorar la aplicación de los fondos destinados a atender los gastos de funcionamiento» de la administración local. «Haremos de la austeridad en el gasto el criterio prioritario en las administraciones locales, impulsando una ley de estabilidad que establezca techos de gasto y endeudamiento», sostienen los populares en su programa, un documento que será aprobado el próximo fin de semana en la convención municipal que celebrarán en Toledo.

Este programa marco, coordinado por la vicepresidenta de Organización del PP, Ana Mato, pretende también erradicar «el minifundismo municipal» a la hora de prestar los servicios a los ciudadanos. No van tan lejos como el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, que lanzó en el Senado la propuesta de «fusionar» ayuntamientos, el partido opositor se queda en suscribir convenios entre ayuntamientos para los servicios comunes mediante el intercambio de medios humanos y materiales.

Diputaciones

La formación que lidera Rajoy tampoco comparte la tesis del vicesecretario general del PSOE, José Blanco, de abrir un debate para echar el cierre a las diputaciones. El PP sí cree conveniente modernizar esta administración supramunicipal, al igual que los cabildos y consejos insulares, con la elaboración de una «carta provincial de servicios» que actualizaría sus cometidos, en especial su función de cooperación y asesoramiento técnico, jurídico y normativo a los pequeños municipios.

El PP no se olvida en su programa de la financiación municipal, cuya reforma cree que es urgente y necesaria. Por ello «impulsará» una modificación simultánea de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas para «evitar solapamientos», definir bien los límites competenciales de los gobiernos locales y garantizar los recursos para la prestación de los servicios públicos, incluido una mayor participación en los tributos del Estado y de las autonomías.