El PP se querella contra la Junta de Andalucía por el fraude de los ERE

El Partido Popular presentará esta semana una querella contra la Junta de Andalucía por la posible comisión de hasta seis delitos en el 'fraude de los ERE' pagados con dinero público, el caso que el partido opositor define como un «fraude monumental». La querella se unirá a la investigación que sobre este asunto dirige desde hace semanas la titular del juzgado número 6 de Sevilla. El caso estudia la existencia de posibles irregularidades y delitos en la tramitación de prejubilaciones y despidos indemnizados que afectaron a unos 5.500 trabajadores. Con el 95% de los expedientes revisados, hay constancia de irregularidades en 146, un 2,7% del total. En 59 de los casos se trataba de personas que no pertenecían ni a la empresa con la regulación de empleo subvencionada.

El principal partido opositor reclamará a la juez la imputación de los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Marquez, del exdelegado de la Consejería en Sevilla Antonio Rivas, del intermediario en los expedientes Juan Lanzas, así como de otros intermediarios y de empresas implicadas por los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude de subvenciones. No obstante, también pedirá en la demanda y estará vigilante para que se dirijan actuaciones contra los demás «responsables políticos» contra los que puedan derivarse indicios directos de delito con el avance de las indagaciones.

«Alcanza a toda la Junta»

Esteban González Pons, portavoz nacional del PP, y Antonio Sanz, secretario general de Andalucía y el dirigente del partido que presentará la querella, indicaron que «la magnitud del escándalo alcanza a toda la Junta», pero apuntaron como posibles implicados futuros en las diligencias judiciales al menos a los tres exconsejeros de Empleo existentes durante los años del fraude, entre los que estaría el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán.

González Pons afirmó que, según demuestra la documentación que entregarán a la juez, Griñán, en su puesto de consejero, «conocía lo que estaba pasando, que se estaba saqueando y robando a manos llenas el dinero de los parados». No obstante, según este mismo dirigente popular, el actual presidente andaluz «lo supo, lo tapó y siguió permitiendo que existieran expedientes de regulación de empleo para amiguetes».

El portavoz de la dirección nacional también extiende las posibles responsabilidades futuras al entonces presidente de la Junta y actual vicepresidente tercero del Gobierno central, Manuel Chaves, quien, según su opinión, «debió conocer lo que estaba ocurriendo».

La dirección popular, tanto nacional como andaluza, ya ha pedido de forma reiterada, en las Cortes Generales y en el Parlamento autonómico, la dimisión de Griñán y Chaves por estos hechos sin éxito alguno. González Pons, sin embargo, vaticinó ayer que, «tal como están las cosas, y conforme avanza la investigación, lo más seguro es que, a no mucho tardar, tengan que dimitir, pero no porque lo diga el PP, sino por como avanza la investigación».

Antonio Sanz aseguró que estamos «ante un auténtico 'tsunami' político que se va a llevar por delante a altos dirigentes del PSOE y de la Junta de Andalucía» y avisó de que el caso de los ERE es solo el principio. «El PP quiere llegar hasta el final e investigar todas las competencias de la consejería de Empleo que están manchadas de corrupción», señaló, para sentenciar que «estamos ante una auténtica tela de araña de la corrupción socialista».