Una de cada tres empresas que solicitaron ayudas de la UE en Cádiz cometieron fraude

El fraude de las ayudas de la Unión Europea, gestionadas por la Junta de Andalucía, para incentivar las contrataciones indefinidas va adquiriendo cada día mayores dimensiones. Solo en la provincia de Cádiz, la Guardia Civil ha investigado a más de 2.400 empresas, todas las que solicitaron acogerse a las subvenciones del Fondo Social Europeo por convertir en contratos indefinidos los temporales. De ellas, se han detectado irregularidades en casi el 33%, unas 800. Presuntamente, realizaban los contratos y, una vez cobrada la ayuda, se rescindían. La cantidad defraudado en la provincia asciende a más de tres millones de euros.

Aunque aún no ha trascendido el grueso de la investigación -en los próximos días está previsto que se haga pública- la práctica habitual que se ha podido comprobar es que cada empresa fraudulenta realizaba un único engaño, una contratación irregular. Ya el año pasado se produjo una detención en Cádiz en el marco de esta operación. En toda Andalucía, el fraude asciende a unos 7.000 expedientes, el 40% de los casos investigados, y más del 30% del dinero entregado en estas subvenciones ha sido presuntamente fraudulento.

Primeras críticas

Ayer las reacciones en el Partido Popular no se hicieron esperar. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, aseguró que «es insultante que en una provincia con casi 200.000 parados existan casos en el que el dinero para empleo ha sido utilizado como negocio». Además, Sanz expuso otro problema y es que todos los casos que han salido a la palestra no van más que a «evidenciar la incapacidad del PSOE» para preocuparse por la crisis. «Ellos mismos han asegurado que su principal preocupación es resolver estos temas y por tanto no se están centrando en la crisis», argumentó.

Para el dirigente popular, toda la Consejería de Empleo está salpicada de corrupción desde las ayudas de formación y ayudas a empresas que eran «consignadas a dedo a empresas de amiguetes» y que se han justificado «hasta con trajes de gitana», pasando por la descubierta de fraude de incentivos para contrataciones «que ha comenzado en Cádiz y que se extiende a centenares de empresas». Por supuesto, tampoco olvidó los fondos de reptiles y las regulaciones de empleo. «Esto es un saqueo al dinero de los parados y va a tener consecuencias», concluyó.

Por su parte, el secretario provincial de UGT, Salvador Mera, también se posicionaba al respecto y sentenciaba que lo único que espera es que «se aplique la justicia como debe ser: al máximo nivel». Mera admitió haberle sorprendido la noticia «como ha sorprendido a todos» y se lamentaba de que se «muevan esas grandes cantidades de forma tan fácil. Aunque tendremos que esperar a ver si se confirman las cifras de las que se sospecha y de las que se está hablando por ahora». El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, argumentaba ayer que «en las políticas de ayuda de la Junta de Andalucía de los últimos años huele a podrido». Amor espera que se «depuren responsabilidades y que no se obstaculice ninguna investigación».

Declaró, además, que «es triste que se hable de estas cantidades tan enormes, cuando era un dinero que supuestamente estaba destinado a crear empleo». Para el presidente de los autónomos , resulta «ilógico que en Andalucía se les haya negado ayuda a emprendedores durante años por falta de fondos y ahora pase esto». Insistió en la sorpresa que ha sido para todos la noticia de los supuestos fraudes, «es que estamos hablando de muchos millones. Parece ilógico con los niveles de morosidad que se registran en esta época de crisis y que haya empresas que no han tenido ningún problema de dinero».

Aunque el sector autónomo no tuvo reparos en hacer pública su visión de los hechos, la Confederación de Empresarios de Cádiz ha preferido esperar a que la investigación avance para poder valorar los datos sobre seguro. Así las cosas, desde el sindicato CC OO tampoco se mostraron a favor de hacer ningún tipo de declaración.

Este periódico intentó ayer ponerse en contacto con el delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, que rechazó también posicionarse al respecto. Mientras que el secretario provincial del PSOE y presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña, afirmaba no tener que decir nada sobre una investigación que no ha hecho más que empezar.