Clemente Ruiz, excajero del Ayuntamiento de San Fernando. :: C. C.
Ciudadanos

Clemente retrasa el desfalco en la caja a finales de 2002

Según la investigación, el primer descuadre se produjo en abril de 2004, aunque el imputado ya alertó de fallos contables antes

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«Cómo es posible comprobar las hojas de caja y no darse cuenta de la falta del dinero o de su falsificación». Esto es lo que no comprende Clemente Ruiz, principal imputado por el desfalco de 7,8 millones de euros de la caja municipal. Lo cierto es que en las hojas de caja en ningún momento, según la investigación, se oculta el descuadre existente en las cuentas de la Delegación de Economía y Hacienda. Al contrario, lo refleja de forma evidente si bien no sirvió para que nadie se alarmara y decidiera realizar una comprobación antes del año 2009. Y eso a pesar de que el interventor declara que como tesorero si comprobó hojas de caja de forma aleatoria que coincidía con las cantidades que había en la caja fuerte. Lo que se deduce que esta revisión debió de producirse antes de abril de 2004, ya que como bien refleja la Policía a partir de ese fecha se produce un descuadre que supera el millón de euros al cierre de actividad.

Otras de las apreciaciones que realiza el interventor es que jamás fue avisado de que faltara dinero en la caja. Algo que desmiente el excajero que afirma que él personalmente acudió en varias ocasiones para ponerle sobre la mesa este asunto. De hecho, retrasa la fecha de las primeras anomalías en la caja a finales del año 2002 y principios del 2003, siendo tranquilizado al reconocer el primero que todo estaba controlado y que se iba a arreglar.

Continuos filtros y controles

Sin embargo, la investigación no ha encontrado ningún desajuste presupuestario en las hojas de caja de esos años, situando el comienzo del desfalco el 29 de abril de 2004, llegando a alcanzar en tan solo tres meses una cantidad superior a los 758.000 euros, sin que sirviera para realizar una actualización del dinero físico. Además Clemente expone que el interventor, que en esa época era tesorero municipal, era consciente de esta situación ya que sus compañeras encargadas de la fiscalización del documento le presentaban a diario el arqueo para que fuese ratificado con su firma.

Pero, ¿cómo lograba tener liquidez la caja ante la falta de tanto dinero en su interior? En este sentido sale a relucir los cheques de Servicios Sociales por un importe de 20.000 euros. Según el Consistorio, estos talones eran solicitados por el tesorero ante la falta de dinero en la caja para afrontar los pagos de las ayudas económicas que recibían diferentes familias para gastos cotidianos como pagar la luz, el agua o una bombona. Clemente asegura que es inconcebible que sea el cajero, una figura ajena a Servicios Sociales, el que solicite a su parecer estos cheques. Además expone que la justificación de los talones se debían hacer semanalmente y con documentación. Sin esas justificaciones no tenía sentido que Servicios Sociales autorizara la expedición de nuevos documentos. Según el imputado él jamás solicitó dinero para Servicios Sociales, sí pedía dinero pero al tesorero debido a las continuas fugas. Éste para solucionar el problema de la liquidez era quien ordenaba automáticamente la expedición de un nuevo cheque. No obstante en Servicios Sociales existe un programa informático que permite en todo momento conocer el dinero que se precisa a diario y lleva el control de los pagos realizados.

En enero de 2005 faltaban 1,2 millones de euros y según el interventor la excusa de los cajeros era que había que poner al día cheques de Servicios Sociales. «Para justificar ese dinero en vales de Servicios Sociales tendríamos que tener una habitación completamente llena de papeles», concluye Clemente.