El fiscal reclama 900.000 euros a cada imputado por exigir comisiones en Mercasevilla

La Fiscalía ha solicitado una condena de 21 meses de suspensión para cargo público y 900.000 euros de multa (el doble del dinero que habrían exigido) para los cuatro acusados por la presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla , entre ellos el exdelegado de la Consejería de Empleo Antonio Rivas. En el escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe, se pide la misma pena por conductas calificadas de presunto delito de cohecho para los otros tres acusados: los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y la funcionaria María Regla Pereira, entonces coordinadora de proyectos de la Fundación Mercasevilla.

Explica la Fiscalía que a lo largo de 2007 se preparó la apertura en la sede de Mercasevilla de una Escuela de Hostelería, para lo cual se celebraron con el grupo hostelero La Raza varias reuniones en las que intervino Rivas como representante de la Consejería de Empleo. El 1 de agosto de 2007, Mellet solicitó una ayuda al Servicio Andaluz de Empleo, que fue concedida por el procedimiento de subvención excepcional y ascendió a 900.000 euros. A partir de ese momento, añade el fiscal, los acusados comunicaron al Grupo La Raza esa subvención y el 16 de enero de 2009 Ponce, entonces director adjunto de Mercasevilla, se reunió con el directivo de dicha empresa Pedro Sánchez Cuerda y le pidió 300.000 euros como «colaboración voluntaria con la Junta», junto a otros 150.000 euros por gastos para la instalación eléctrica de la parcela donde iría el centro.

Segunda reunión

En la reunión estuvo presente María Regla Pereira, que había participado en el proyecto de subvención y que «asintió ante lo manifestado por Ponce sobre la entrega de dinero», precisa la acusación. El 27 de enero de 2009, a petición de La Raza, se mantuvo una segunda reunión a la que asistieron Ponce y el entonces gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, además de Sánchez Cuerda y el también directivo de La Raza José Ignacio de Rojas, en la que los imputados insistieron en pedir esa comisión y prometieron a cambio que el grupo empresarial «obtendría luego favores tales como más subvenciones para futuros cursos y la concesión de todos los 'catering' que se organizaran». Tal reunión fue grabada por los empresarios, que a continuación hicieron llegar los hechos a la Junta y ésta a su vez los denunció a la Fiscalía sevillana, precisa la acusación. La Fiscalía califica los hechos como un presunto delito de cohecho.