El desempleo juvenil y las políticas de empleo

El pasado 28 de enero nos despertamos con una buena noticia. Por fin, los agentes sociales y el Gobierno alcanzaban un acuerdo de calado en materia de pensiones. Además, los medios filtraban que el acuerdo trascendía las pensiones, al incluir otros acuerdos sobre Políticas Activas de Empleo, e incluso sobre Política Industrial y Energética.

La alegría duró poco, ya que hacia las nueve de la mañana de ese mismo día el Instituto Nacional de Estadística presentaba los datos de empleo del cuarto trimestre de 2010: 4.690.000 parados (tasa de desempleo del 20.3%), 138.000 ocupados menos, y 35.600 hogares más con todos sus miembros activos en paro.

Si nos fijamos en los jóvenes menores de 30 años, la cifra de desempleo es aún más desoladora: son 1.700.000 jóvenes que quieren trabajar pero no encuentran empleo y que suponen ya más del 35% del total de parados. ¿Cómo son estos jóvenes? Los datos publicados recientemente reflejan que casi el 60% de estos parados tiene como máximo el nivel de educación obligatoria, y solo el 17% tiene educación universitaria. Su nivel educativo no solo influye en la probabilidad de estar desempleado; también en cuánto tiempo permanece en el desempleo: entre los parados con nivel de educación obligatoria o menor, el 62% llevan más de 6 meses desempleados, mientras que entre los universitarios parados, este porcentaje disminuye hasta el 50%. Finalmente, el 40% de los jóvenes menores de 30 años que trabajan tiene un contrato temporal, porcentaje mucho mayor al del resto de los trabajadores. En definitiva, entre el colectivo de jóvenes parados es mayoritaria la presencia de individuos con una formación igual o menor a la obligatoria, a todas luces muy escasa para enfrentarse a un mercado laboral altamente globalizado y competitivo.

En este escenario de los jóvenes tan preocupante, el Gobierno y los agentes sociales han llegado al llamado Acuerdo Económico y Social, que se aprobó en Consejo de Ministros. Uno de sus contenidos es precisamente el acuerdo en materia de puesta en marcha de políticas activas que favorezcan la empleabilidad de los jóvenes menores de 30 años.

Ese acuerdo por los jóvenes incluye el desarrollo de un itinerario individual y personalizado de empleo, por el cual a cada joven desempleado se le va a dotar de ayuda profesional para que encuentre en el menor tiempo posible un empleo adecuado a su capacitación. Si su formación fuera considerada insuficiente, se le ofrecerá una formación complementaria que le ayude en la recolocación laboral. Sin embargo, para que esta iniciativa tenga éxito, es necesario poner en marcha medidas complementarias, también mencionadas en el acuerdo, como el fortalecimiento de los Servicios Públicos de Empleo y la modificación en profundidad de la oferta de formación actualmente existente. La orientación es sin duda la adecuada, pero requieren de una dotación presupuestaria no menor en términos humanos y técnicos, aspectos que no han sido mencionados en el acuerdo y que pueden ser la clave para que estas medidas tengan consecuencias positivas.

El segundo elemento de este acuerdo es un Plan de Choque para el empleo juvenil y para desempleados de larga duración que consiste en una reducción sensible de las cuotas empresariales a la Seguridad Social -entre el 100% y el 75%- para empresas que contraten jóvenes a tiempo parcial (50-70% de la jornada completa) bien mediante contratos indefinidos o mediante contratos temporales de al menos 6 meses de duración. Este plan de choque tiene una validez de doce meses. Se fomenta asimismo la conversión de contratos temporales en indefinidos mediante la extensión de la bonificación -siempre durante los 12 meses que la medida esté en vigor-.

Este Plan de Choque, si bien puede disminuir las cifras de desempleo juvenil durante los próximos 12 meses, puede ahondar en el problema que muchos de estos jóvenes parados presentan y que no es otro que su falta de formación. El 30% de nuestros jóvenes entre 18 y 25 años abandona sus estudios tras finalizar la enseñanza obligatoria (el doble que la media europea), y durante los años de bonanza económica, han tenido una enorme facilidad para encontrar empleos precarios. La crisis económica ha destruido una gran parte de estos empleos, y se ha convertido en un poderoso incentivo para que estos jóvenes retomen la formación. Si el plan de choque que se ha diseñado para los jóvenes no va unido a una formación útil, estos jóvenes volverán a verse en una situación similar a la actual dentro de 12 meses, cuando terminen las bonificaciones.

¿No podría plantearse un plan de choque mediante el cual los jóvenes cuya formación educativa es igual o menor a la obligatoria optaran a estas ayudas siempre que fueran acompañadas de una formación profesional a tiempo parcial? Es cierto que la oferta actual de formación profesional debe reestructurarse, así lo pone también de manifiesto el Acuerdo, pero la necesidad de que estos jóvenes adquieran una mayor capacitación profesional me parece, hoy por hoy, imperiosa.