Reformas

Ha pasado el tiempo de las palabras, hay que pasar a los hechos. Ya no hay espacio para el oportunismo de corto alcance. Es necesario gobernar para conquistar el futuro, para escribir la historia. Hay que hacerlo con el gesto sereno, la voluntad de trabajo y la búsqueda del pacto, porque es necesario sumar esfuerzos para llevar a cabo todas las reformas que España necesita, para avanzar en la recuperación económica y la creación de empleo. Es necesario trabajar con sentido de la responsabilidad, conscientes de las dificultades y del estado de ánimo de la sociedad, fruto de un momento de dificultades económicas y sociales muy serias, pero fortalecidos por la coherencia de un proyecto y de un compromiso de futuro con los trabajadores y con todos aquellos que más necesitan las políticas de igualdad de oportunidades, siempre vinculadas a los servicios y prestaciones públicas.

El gran objetivo estratégico debe ser el cambio del modelo productivo, a través de la realización de un ambicioso plan de reformas, para lo que necesitamos el mayor volumen de acuerdos y de consensos posibles, porque los cambios con acuerdos son más fuertes y tienen más credibilidad.

En estos momentos, por encima de las urgencias y de los intereses electorales inmediatos, es más necesario que nunca intensificar la negociación política, priorizar la voluntad de acuerdo y aportar la máxima flexibilidad en la búsqueda del entendimiento entre los interlocutores políticos, económicos y sociales. Algo que no acaban de asumir los dirigentes del PP, a los que se les han subido las encuestas a la cabeza y ya no les cabe ningún compromiso, ninguna idea, ningún programa.

En la legislatura pasada, cuando la situación económica lo permitía, el gobierno socialista llevó a cabo importantes reformas sociales, que consolidaron el estado de bienestar. Como la memoria es frágil es necesario recordar: el nuevo Sistema de Atención a la Dependencia que atiende hoy a más de 669.000 personas, el incremento de las becas en más de 400.000 beneficiarios, la subida del salario mínimo un 18%, el incremento de las pensiones más bajas un 27%, la cobertura del 80% de los desempleados y las políticas de apoyo a las familias.

La economía global y los avances tecnológicos exigen un esfuerzo ineludible de todos, para mejorar la competitividad y la productividad de nuestro modelo económico y social, no solo en España, sino en toda Europa. En este escenario, la crisis económica mundial ha puesto de manifiesto las limitaciones de nuestro modelo productivo y, en consecuencia, la urgente necesidad de acometer reformas estructurales, si queremos garantizar la recuperación económica, la creación de empleo y el mantenimiento del Estado de Bienestar. Las reformas casi siempre suponen esfuerzos y sacrificios para todos, suelen provocar críticas y resistencias, pero el tiempo y los resultados enfrentará a cada cual con sus responsabilidades históricas. Las dificultades del presente pueden aportar el impulso imprescindible para lograr una economía productiva, competitiva, generadora de empleo y de bienestar social.

En este final de legislatura estamos asistiendo a un periodo de reformas estructurales que afecta al sistema financiero, al mercado laboral y al sistema de pensiones. Paralelamente estamos inmersos en un proceso de modernización de nuestro sistema productivo con reformas en el ámbito de la política industrial, el modelo energético, las políticas de ciencia e innovación tecnológica, la negociación colectiva, la formación profesional y las políticas activas de empleo. El objetivo estratégico es avanzar hacia un nuevo modelo productivo, que sea solidario, competitivo y eficiente y que esté asentado en la diversificación económica, en una mejor cualificación de nuestro capital humano, en el fortalecimiento de la cultura empresarial y en la incorporación de los avances tecnológicos.

La experiencia avala que las reformas en el sistema público de pensiones garantizan su sostenibilidad, por eso suelen abordarlas aquellos que más creen en su necesidad, porque la alternativa de no hacerlas sería poner en riesgo el modelo. Con la reforma, nuestro sistema de pensiones seguirá siendo público, universal y seguro para todas las generaciones. Las pensiones podrán seguir subiendo y nuestras cuentas públicas serán equilibradas y fiables. Nada hay más progresista que pensar en los que se van a jubilar dentro de 15, 20 o 30 años y actuar para que no tengan problemas. El incremento de la esperanza de vida y el retraso en el acceso al empleo exigían tomar medidas como el incremento gradual de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, tomando en consideración factores como las profesiones penosas o que comporten riesgos, los años cotizados, el cómputo de los jóvenes becarios y de las mujeres con hijos, etc.

El drama del paro, que tanto afecta a la exclusión social de muchas personas, exigía la reforma urgente de las políticas activas de empleo, aprobada por el Gobierno en cumplimiento del Acuerdo Social y Económico. Esta reforma establece una atención directa e individualizada a cada persona que esté en el paro, con el objetivo de mejorar su empleabilidad, es decir su capacidad para encontrar otro empleo. Hacia ese objetivo se volcarán las ayudas públicas, canalizadas a través de un Plan de Choque dirigido a estimular la contratación de jóvenes y parados de larga duración. También se ofrecerá formación y ayuda económica a aquellos desempleados que hayan agotado todas sus prestaciones. En relación con la reforma del sistema financiero, primero fue necesario garantizar su solvencia, después se estimularon las fusiones para lograr entidades más operativas y ahora se trabaja en mejorar su capitalización, para que puedan ayudar a la economía, realizando su labor que es facilitar crédito a empresas y familias.

Detrás de un plan de reformas y modernización económica de esta envergadura, debe estar todo el país. El logro de esa conciencia colectiva solo es posible desde el acuerdo. Por eso es tan importante la señal que hemos dado con el Acuerdo Social y Económico, alcanzado entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios, en un ejercicio de gran responsabilidad por parte de los agentes económicos y sociales. Porque, ante todo, es un compromiso de confianza en nosotros mismos: en España, en los trabajadores y en los empresarios. Un gran compromiso en el que reafirmamos nuestra capacidad de competir, de crear buenos productos y de avanzar en prosperidad. Un acuerdo que hay que ampliar a otros campos y en el que deben participar otros interlocutores políticos en su tramitación parlamentaria para que se sustancien como leyes.