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Parece mentira que el famoso asunto de la Ley Electoral no esté despertando más agresividad en el gremio televisivo. Recordemos: la reforma de la Ley Electoral obliga a las cadenas privadas a emitir bloques de información sobre los comicios con las mismas reglas de proporcionalidad que deben cumplir las cadenas públicas. Y usted se preguntará: ¿Y qué tiene de malo? Y yo le contestaré: tiene de malo el mero hecho de imponer a una empresa privada servidumbres que solo tienen sentido en las cadenas públicas. Porque es sensato que las cadenas públicas, en la medida en que las pagamos entre todos, reflejen en su cobertura electoral al conjunto de la sociedad, pero las cadenas privadas atienden a su propio accionariado, a su público, a su ideario. Tienen su línea editorial. La última noticia al respecto es que los directores de informativos de 16 cadenas se han sumado a la petición de un recurso de inconstitucionalidad contra esa Ley.

Las firmantes son Canal Extremadura TV, Telemadrid, La Sexta, Informativos de Radio Televisión Castilla y León, 7 Región de Murcia, Antena 3 Televisión, Rioja Televisión, Intereconomía TV, Veo Televisión, Cuatro, IB3 TV, EiTB, TV3, Aragón TV, La 10 y Radio Televisión Valenciana. O sea que los hay públicos y privados, y de izquierdas, de derechas y mediopensionistas. La Ley -dicen los directores de informativos- no ha tenido en cuenta a los profesionales, ni a los espectadores, porque para hacer periodismo plural, imparcial, equitativo y neutral no hace falta tener un cronómetro en la mano. Esta petición de los directores se suma a la de las asociaciones profesionales, que se han dirigido a la Defensora del Pueblo para que les ampare. Es difícil saber cómo acabará esta historia, pero ya es posible extraer una conclusión: en España nos estamos acostumbrando a que el poder político nos gobierne la vida no solo pública, sino también privada. Y eso no es bueno.