Ladrillos en el olvido

Despierta y vive tus sueños». Este es el sugerente eslogan que ilustra el folleto publicitario de las torres que la inmobiliaria Arenal 2000 ha levantado en La Casería, en San Fernando. Unas magníficas fotos en realidad virtual sitúan al futuro comprador en un espectacular mirador desde donde puede divisar toda la Bahía. La memoria de calidades es de cinco estrellas gran lujo y engancha al nuevo inquilino con la instalación de una puerta acorazada en su vivienda.

Sin embargo, este sueño se ha convertido en una pesadilla para las 200 familias que depositaron en estos bloques sus ahorros y sus esperanzas de formar un hogar. La inmobiliaria tenía previsto entregar los pisos, construidos en tres torres de 16 plantas, a finales de 2008, pero, los problemas surgidos entre la Junta y el Ayuntamiento en 2006 por la viabilidad del proyecto y las dificultades de liquidez de la empresa dieron al traste con el sueño de vivir en el corazón de la Bahía. Este es uno de los efectos de la crisis del ladrillo en la provincia. Ahora, La Caixa trata de apuntalar la obra y buscar una solución a una construcción terminada, pero sin ocupar. Unicaja hace lo propio con otra promoción de esta inmobiliaria en Jimena, Residencial Arenal. Casi un millar de construcciones están abandonadas en la provincia a merced de los 'okupas' y a la espera de que los juzgados ordenen las deudas de sus promotores y los bancos recuperen lo invertido. Estas urbanizaciones ese encuentran sin protección alguna y han desaparecido grifos, puertas y rejas.

La Federación de Constructores de Cádiz no tiene datos sobre el numero de las urbanizaciones que se han ido al garete con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, pero ponen en el punto de mira en las suspensiones de pagos y quiebras de las grandes promotoras que operaban en la provincia. Aifos se declaró en concurso de acreedores en julio de 2009 con una deuda de 850 millones de euros. Su caída dejó sin acabar 140 pisos en San Fernando, en la urbanización las Calas del Sol. La inmobiliaria desplegó en su día toda su imaginación para vender una promoción de viviendas en tres alturas en la zona de Gallineras. Para ello, colocó en su tarjeta de venta la puesta en marcha de una urbanización de pisos y apartamentos con vistas al mar y a quince minutos del campo de golf de Sancti Petri. Otro sueño roto. El complejo de las Calas del Sol está ahora abandonado. La obra se encuentra a medio terminar y sin medidas de seguridad a su alrededor. Banesto tiene intención de poner 6 millones de euros para seguir adelante con el proyecto, lo que supondría un incremento de más de 15.000 euros por vivienda.

El secretario de la Federación de Constructores de Cádiz, Emilio Corbacho, reconoce que muchas urbanizaciones se encuentran en estado de 'stand by' a la espera de que llegue el momento para seguir con la construcción. El sector se ha ido desangrando poco a poco desde que irrumpió la crisis en 2008. Corbacho adelanta que los constructores han movido ficha y es la Junta la que tiene que dar el segundo paso. En este sentido destacó que la Administración regional tiene que definir todavía el mínimo de viviendas protegidas (VPO) que se necesitan y consensuar el nuevo marco de ayudas.

El sector de la construcción suma en estos momentos 37.978 parados en la provincia y, según Corbacho, queda todavía un largo camino para que sea uno de los motores económicos. No le falta razón. La comunidad andaluza cuenta con 67.000 viviendas vacías de las que 8.600 están en la provincia. Resulta clave dar salida a este estocaje para que el sector vuelva a recomponerse.

La desolación del ladrillo también es perceptible en otra urbanización de 35 unifamiliares en la zona de Gallineras, en San Fernando. La certificación de obra estaba al 90%, solo faltaba la acometida eléctrica y el asfaltado de las calles, sin embargo, un cambio en el proyecto y un rosario de denuncias han dejado a la promoción como si fuera un pueblo fantasma. Las viviendas, que superan los 250.000 euros de coste, han sido desvalijadas y ahora otro grupo de inversores trata de devolver la vida a la promoción.

El portavoz de la organización de consumidores Facua, Jesús Yesa, destaca que las principales denuncias que ha tramitado su despacho en materia de vivienda son fruto de retrasos en la entrega, caso de Arenal 2000 con las Torres de la Casería, o desperfectos. Yesa señala que el sector está parado y no hay obra nueva. Esta misma opinión la comparte Miguel Ángel Ruiz, representante de UCE-Cádiz. Indica que su organización ha recibido consultas sobre los avales inmobiliarios. Es decir, con la crisis los compradores quieren saber qué riesgo tienen con las entregas a cuenta. La respuesta es fácil: solo el aval bancario de la inmobiliaria es lo que garantiza la devolución del dinero entregado en caso de problemas.

Los problemas de solvencia llegaron el pasado verano para Noriega Edificación, del grupo Sánchez Ramade. La empresa comunicó al juzgado de lo Mercantil de Córdoba su intención de negociar una deuda de 70 millones de euros. Esta medida arrastraba a una veintena de empresas constructoras de Cádiz, Jerez, El Puerto y Rota. La falta de liquidez dejaba colgadas dos promociones cercanas a Puerto Sherry. Así, Noriega había empezado a desarrollar en las inmediaciones del denominado pueblo marinero y dejaba sin terminar 60 unifamiliares pareados y 51 viviendas, junto al campo de golf de Vistahermosa. Esta segunda urbanización se encuentra casi terminada y vallada. El proceso concursal en el que se encuentra inmersa la compañía deja en el aire su participación en el desarrollo de Puerto Sherry.

El Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, que dirige la juez Nuria Orellana, ha estado al frente de los concursos presentados en los últimos años. En 2009 se tramitaron en la provincia 87 concursos de acreedores frente a los 121 del año pasado. La mayoría de estas actuaciones judiciales están vinculadas con empresas de la construcción. La Delegación Provincial de Obras Públicas dio el visto bueno definitivo en 2008 a la terminación de 1.259 viviendas frente a las 955 del año pasado.

Uno de los primeros en pagar los ladrillos rotos de la burbuja inmobiliaria fue el grupo Jale, con sede en El Puerto. Sus dos empresas punteras, Amuerga S. L. y Construcciones Jale, presentaban en febrero de 2008 en el Juzgado de lo Mercantil un concurso de acreedores ante la imposibilidad de negociar una deuda de 360 millones de euros. La medida de la constructora salpicaba a urbanizaciones de Jerez, Arcos y El Puerto, que las dejaba colgadas.

El secretario de la Federación de la Construcción de CC OO, Agustín González, destaca que el sector lleva tres años de caída en picado y las empresas se desvanecen como el humo dejando en la calle a los trabajadores. La provincia cuenta con un centenar de promotoras inmobiliarias y según el último dato existen en Cádiz unas 287 empresas relacionadas con el ladrillo. Los primeros síntomas de la debacle se dejaron sentir en 2008 con la suspensión de pagos de Jerecom, Fivesur, Jale, Perfil Bahía o Climo Cubierta, entre otras. El campanazo ese año lo dio Martinsa Fadesa, que se declaró insolvente con un pasivo de 7.000 millones de euros, el mayor de la historia empresarial de España.

Los ladrillos ya no son la gallina de los huevos de oro de antaño. Hoy están devaluados y, en algunos casos, abandonados.