Una red tupida con intrusos

El 'caso Mercasevilla', origen del escándalo de los ERE fraudulentos que ha puesto en jaque a una de las políticas estrella de los socialistas en Andalucía, la del empleo, tiene visos de convertirse en el mayor escándalo de corrupción en Andalucía. Todo empezó en un restaurante con la grabación de un supuesto soborno en enero de 2009. Dos años después, la policía está centrada en desmantelar una trama para lucrarse con las subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a auxiliar a empresas en crisis. Un dinero para prejubilaciones y despidos, que entre 2000 y 2008, los años que se investigan, supuso 647 millones de euros.

La jueza que investiga el caso, Mercedes Ayala, ya tiene sobre su mesa un listado con 39 personas que supuestamente figuraron como prejubilados en 14 empresas en las que nunca trabajaron, entre ellos varios ex cargos socialistas. El número de empresas afectadas puede superar las 39, pero la madeja acaba de empezar a desembrollarse, por lo que la red de 'intrusos' puede ser mucho más tupida.

Cómo en un 'thriller' del Chicago de los años treinta, el 'caso Mercasevilla' empezó en un restaurante con un intento de soborno. Dos hosteleros de Sevilla grabaron en enero de 2009 un intento de extorsión de los antiguos directivos de Mercasevilla, que les pidieron 450.000 euros por la concesión de una escuela de hostelería. Los empresarios pusieron en conocimiento del Gobierno andaluz (todavía era presidente Manuel Chaves) la extorsión. La Consejería de Empleo denunció inmediatamente el caso a la Fiscalía de Sevilla. Semanas después, el PP presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital andaluza, cuya titular es Mercedes Ayala. La jueza ha imputado a varias personas, entre ellas a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y al ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas. Pero no se quedó ahí. Dos años después, la jueza tiene abiertos cuatro procedimientos con presumibles distintos delitos relacionados todos con el mercado de mayoristas Mercasevilla, empresa participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Sevilla y Mercasa, sociedad estatal.

Tras abrir la investigación por el intento de cobrar comisiones ilegales, la jueza se topó con una empresa con un gran agujero financiero e irregularidades contables, entre ellas 30.000 euros en facturas sin justificar, por lo que abrió otra investigación por un posible delito societario. Tirando del hilo halló también irregularidades en la compraventa de unos terrenos de Mercasevilla por una constructora, por el que ha imputado a diez personas, entre ellos empresarios, políticos y técnicos.

La situación en la empresa venía siendo tan pésima que en 2007 se había planteado un segundo expediente de regulación de empleo a la Junta de Andalucía. El primero fue en 2003. En esta ocasión, la Junta les iba a subvencionar los despidos con hasta nueve millones de euros. Nunca los ha llegado a pagar. La Consejería de Empleo frenó el proceso cuando se destapó en 2010 que en el listado de beneficiarios figuraban dos personas que nunca habían trabajado en ella, entre ellos un ex cargo del PSOE de Baeza, Antonio Garrido Santoyo. Era el segundo cargo socialista tocado en el escándalo de Mercasevilla.

La policía sigue las pesquisas en el ERE de 2007 y en diciembre comienza las detenciones e interrogatorios. El 21 de diciembre presta declaración como detenido el ex director de Trabajo, Francisco Javier Garrido, autoridad competente en la aprobación de las ayudas desde 2000 hasta 2008, en que cesa. En su declaración Garrido habla de un 'fondo de reptiles' en Empleo para auxiliar a empresas en crisis, lo que fue interpretado como un fondo opaco. Luego se ha retractado, dice que se mal interpretó sus palabras. La Junta ha negado con documentación que sea cierto. El PSOE le expulsó por estas declaraciones. La policía cree que inventó un sistema para abonar las ayudas sin control y sin publicarse en el BOJA.

Otro de los detenidos, Francisco González, declaró a la policía que Juan Lanzas, ex dirigente de UGT, le dijo: «Tu no te preocupes, que en cuanto podamos, metemos a una persona de confianza en uno de estos ERE y tu te llevas una parte de esta prima». Estas declaraciones confirmaron a la policía que las dos prejubilaciones falsas detectadas en Mercasevilla no eran aisladas. La policía considera a Lanzas uno de los cerebros de una trama orquestada para lucrarse con los ERE colocando a 'hombres paja' en el listado. Se trata del quinto caso derivado de Mercasevilla, aunque ya nada tenga que ver con ella.