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Nueva Rumasa y un grupo mallorquín cruzan demandas por la compraventa de hoteles

Ruiz-Mateos suspendió el abono a los vendedores porque «no cumplen los compromisos» pactados y éstos llevaron el impago ante la justicia

JEREZ. Actualizado: Guardar
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Nueva Rumasa y el grupo mallorquín Inversiones Insulares Radó han cruzado dos demandas en relación a una compraventa de dos hoteles, por incumplimiento de contrato y por impagos, respectivamente, según ha confirmado a Efeagro el consejero delegado de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos.

Nueva Rumasa adquirió dos hoteles (uno en Canarias y otro en Baleares) por un importe de 69 millones de euros, con el compromiso por parte de los vendedores (Inversiones Insulares Radó, con un 18% del capital, y otros accionistas) de obtener las licencias oportunas para el establecimiento canario.

Ruiz-Mateos ha asegurado que de manera cautelar han suspendido todos los pagos acordados en el contrato de compraventa, que ascienden a 900.000 euros, al no haberse obtenido, por parte de los vendedores, las citadas licencias que se habían acordado.

Por su parte, y ante la suspensión de los pagos, Inversiones Insulares Radó ha reclamado en los juzgados los importes adeudados. A esta reclamación se le ha cruzado la interpuesta por Nueva Rumasa contra los vendedores por incumplimiento de contrato, según Ruiz-Mateos.

A raíz de la demanda interpuesta contra Nueva Rumasa, el Juzgado de Primera Instancia 57 de Madrid ha ordenado el embargo preventivo de siete fincas propiedad de Dhul, Clesa y de Alfonso Ruiz-Mateos, este último como persona física, por ser avalista de algunos de los pagarés, ha puntualizado el consejero delegado. Las explotaciones están radicadas están radicadas en San Roque (Cádiz), Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Alicante, Valverde de la Virgen (León), Jaén y en los municipios valencianos de Aldaya y Picanya.

José María Ruiz-Mateos ha subrayado que el embargo preventivo se ha realizado sobre pequeñas fincas y ha insistido en que este «tema se arreglará, y que no tiene mayor importancia». De hecho, el procedimiento se encuentra en una fase inicial, toda vez que aún no se ha requerido a las partes ningún tipo de información.

A través del auto, la juez requiere a Nueva Rumasa que abone al acreedor 1,2 millones de euros (910.573 euros en concepto de principal, 20.385 euros por gastos y 279.287 euros en concepto de intereses de demora) y ordena el «inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor, por las cantidades expresadas, por si no se atendiera al requerimiento».